La extraña reunión después de la matanza en Tlatlaya

• Medios locales han manejado la versión de que los ejecutados en Tlatlaya posiblemente eran integrantes de un nuevo grupo guerrillero y que presuntamente estaban ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación Popular o a grupos de autodefensas. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada.

La extraña reunión después de la matanza/Jenaro Villamil

Revista Proceso NO. 1979, 4 de octubre de 2014

Tras la matanza de Tlatlaya perpetrada por militares la madrugada del 30 de junio, los primeros en llegar a la bodega donde ocurrieron los hechos fueron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Las tres primeras testigos quedaron en calidad de detenidas y luego se les envió a un penal de alta seguridad.

“Estamos tratando de ubicar al agente del Ministerio Público que les levantó su declaración a esas personas. Fue la procuraduría estatal, y no la Secretaría de la Defensa, quien hizo el primer resguardo del lugar. ¿Quién les avisó? ¿Qué información tomaron? ¿Tienen ellos las fotos? ¿Fueron interrogados antes?”, plantea el senador perredista Alejandro Encinas en torno a la masacre, en la que, según él, “evidentemente hubo más de ocho militares” implicados.

 En entrevista con Proceso, explica: “En un operativo militar nunca intervienen en una posición de minoría. Por lo tanto fueron más de 20 los elementos del Ejército (que participaron en ese operativo). ¿Dónde están los otros?”.

 Candidato a gobernador del Estado de México en 2011, Encinas subraya que están pidiendo la identificación plena de todas las víctimas. Hasta el momento se sabe que 21 de éstas provenían de Arcelia, Guerrero, colindante con Tlatlaya.

Horas después de la matanza extrajudicial, la peor de la que se tenga registro en el país, hubo una extraña reunión en la Casa Estado de México de Toluca. Ahí estuvieron durante más de ocho horas los 21 gobernadores priistas, encabezados por el mexiquense Eruviel Ávila; los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Hacienda, Luis Videgaray; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, y el dirigente nacional del PRI, César Camacho. Al final llegó “sorpresivamente” el presidente Peña Nieto.

 La reunión fue a puerta cerrada, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de agentes de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apostados sobre Paseo Colón, sede de la residencia oficial de gobierno.

De acuerdo con las versiones oficiales, el encuentro tuvo como propósito hacer una “pausa en el camino”, a dos años de que el PRI recuperara la Presidencia de la República; los asistentes hablaron de la infraestructura regional y la ejecución de las reformas estructurales de las entidades gobernadas por el PRI.

No obstante, según las versiones extraoficiales, también se habló del principal desafío que enfrentará el PRI en los comicios de 2015, así como de la creciente inseguridad en las distintas entidades gobernadas por ese partido, sobre todo en el Estado de México.

Tres meses después de ese cónclave, que terminó a las 23:30 horas, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ubicó a dicha entidad como la de mayor número de delitos durante 2013.

El 1 de julio, horas después de la matanza, el gobernador Eruviel Ávila agradeció al Ejército porque, dijo, “tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas; lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército, en su legítima defensa, actuó y abatió a los delincuentes”.

La mano de Osorio Chong

Desde antes de la matanza de al menos 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, la administración de Eruviel Ávila “ya estaba intervenida por los nombramientos del gobierno federal en la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la procuraduría estatal y por la presencia de elementos del Ejército y la Marina en el sur de la entidad, así como de la Gendarmería Nacional en municipios como Valle de Bravo”, sostiene Alejandro Encinas.

“Por esta razón –añade–, no me cabe la menor duda que esa matanza es un fracaso de la intervención del gobierno federal en el Estado de México.”

Durante la entrevista, el legislador por esa entidad insiste en que desde el 9 de septiembre, cuando Osorio Chong compareció en el Senado, él le pidió aclarar el caso de Tlatlaya ante la sospecha de que se trató de una ejecución extrajudicial y no de un “enfrentamiento entre criminales”, como sostuvieron las autoridades al principio. No hubo respuesta.

El gobierno de Ávila Villegas “ha sido paulatinamente desmantelado desde Los Pinos. Las líneas de mando no están en la oficina del gobernador, sino en el gobierno federal”, abunda Encinas.

Desde mayo de 2014, la administración eruvielista tuvo que realizar tres cambios en su gabinete: por tercera vez en tres años cambió de secretario general de Gobierno para nombrar a José Manzur Ocaña, un político y empresario con fuertes vínculos con Enrique Peña Nieto desde que gobernó la entidad; puso como procurador estatal a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, cercano al poderoso subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava, actualmente confrontado con su exaliado Luis Videgaray, el actual secretario de Hacienda, por el control de los hilos en el Estado de México.

 El tercer cambio importante realizado por Ávila antes de la matanza de Tlatlaya fue el de Damián Canales Mena, quien fue jefe de Estado Mayor de la Policía Judicial capitalina durante una primera etapa, cuando Bernardo Bátiz era procurador del Distrito Federal, y después trabajó para el gobierno de Osorio Chong en Hidalgo.

 “Quien tiene el peso de las decisiones en materia de control político y de seguridad en el Estado de México es el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”, advierte Encinas.

 El 19 de septiembre –10 días después de la comparecencia–, Encinas le envió una carta a Osorio Chong para demandarle el esclarecimiento de las denuncias por presuntas torturas y ejecuciones sumarias de 22 personas en Tlatlaya.

 “Son inaceptables esas prácticas, ya sean cometidas por grupos delictivos, policías o por elementos de las Fuerzas Armadas”, expuso el exjefe de gobierno capitalino en su misiva.

 Y agregó: “De confirmarse estos sucesos se constituirían en una de las peores ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país por elementos del Ejército Mexicano, lo que no puede quedar impune, pues pone en riesgo las garantías y derechos fundamentales de los mexicanos, al tiempo que denigra el desempeño de las Fuerzas Armadas”.

Osorio Chong todavía no le ha respondido al senador del PRD; tampoco ha mencionado nada respecto de los acontecimientos en Tlatlaya, a pesar de que ya ofreció sus oficios para solucionar el conflicto del Instituto Politécnico Nacional y el secuestro de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

El pasado 28 de agosto, el periódico mexiquense Alfa Diario, crítico del peñanietismo, publicó un comentario editorial en el que considera que Peña Nieto pretende construir un “Maximato” en la entidad que gobernó de 2005 a 2011, no obstante que Ávila Villegas asumió el Ejecutivo estatal.

A Eruviel “le dejaron presupuesto y control administrativo, pero le acotaron el poder y le retiraron los candiles de los medios. Si Eruviel sigue en pie es gracias a su enorme capacidad de resistir, de sustraerse y, ciertamente, al apoyo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que ve en el Estado de México su principal base de apoyo para competirle al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y demás adversarios, la candidatura a la Presidencia para 2018. Si Eruviel cae, cae Videgaray”, según Alfa Diario.

¿Autodefensas?, ¿guerrilla?

Luis Enrique Granillo, vocero del Frente Popular Campesino Francisco Villa, declaró el 4 de febrero último que el nuevo grupo de autodefensa en la entidad pretende atender la seguridad en Amatepec, Luvianos, Tejupilco, Tlatlaya y otras demarcaciones de la región del sur del Estado de México, donde tienen presencia células de La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

“Se pretende cercar la zona desde Amatepec hasta los límites de Michoacán y estaremos revisando los automóviles, respetando los derechos humanos, pero no dejaremos pasar a ningún grupo criminal a esta región”, afirmó Granillo a Alfa Diario.

Un año antes, en febrero de 2013, Granillo y cuatro integrantes del Frente Popular Campesino Francisco Villa fueron levantados. En ese entonces, el vocero dijo que la intención del grupo de autodefensa del sur mexiquense era la creación del estado 33, que estaría integrado por 37 municipios de Tierra Caliente de Guerrero, Michoacán y el Estado de México.

Medios locales han manejado la versión de que los ejecutados en Tlatlaya posiblemente eran integrantes de un nuevo grupo guerrillero y que presuntamente estaban ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación Popular o a grupos de autodefensas. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada.