Peña
y su gobierno: equívocos, omisiones, ausencias../ÁLVARO
DELGADO
Revista Proceso N0 1982, 25 de octubre de 2014
El
gobierno de Peña Nieto hace lo que puede para desmarcarse de responsabilidades
en el caso Ayotzinapa. Ante la tragedia, su conducta se encuentra marcada por un antecedente de
omisiones. Varias versiones coinciden en que fue avisado con suficiente
anticipación de lo que estaba ocurriendo en Iguala –la connivencia entre
policías, políticos locales y sicarios del narcotráfico–, pero no hizo nada a
pesar de que tanto el Ejecutivo federal como su gabinete de seguridad están de
sobra facultados por la Constitución para tomar medidas en casos como ese. El
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya dio una clara muestra
de indolencia cuando turnó la atención de la crisis a la ventanilla del ámbito
“local”.
En
la apoteosis por encarar a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) y concederles todo –“la neta, como ustedes digan”–, el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sólo tuvo desdén para la tragedia en
Guerrero: No era competencia federal.
–¿Por
qué la PGR no ha atraído lo de Ayotzinapa?
–Porque
tiene que ver con el ámbito local –respondió tras bajar del templete que mandó
instalar junto a la Secretaría de Gobernación para anunciar, entre aplausos y
vítores, que la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, había sido
despedida.
El
gobierno de Enrique Peña Nieto –insistió Osorio– sólo apoyaría en la búsqueda y
lo demás era asunto local: “En lo que estamos ayudando es en la coadyuvancia
(sic) para encontrar a los chavos. Hay averiguaciones contra presuntos
responsables (en Guerrero), hay que esperar entonces”.
La
estrategia del gobierno de Peña Nieto de encapsular la tragedia en sólo
Guerrero e Iguala se ha mantenido desde entonces. Y aunque la presión mundial
forzó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), ésta
identifica sólo como responsables a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su
esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
Sin
embargo, pese a esta estrategia, no hay modo de que Peña Nieto evada su
responsabilidad en los hechos ni el secretario de Gobernación, quien tras
plantarse ante los politécnicos, y que le valió críticas palaciegas,
prácticamente suspendió sus apariciones públicas.
Osorio
Chong reapareció tres semanas después, el miércoles 22, sólo para afirmar que
con “toda la fuerza del Estado” se busca a los 43 normalistas, pero pidió
tiempo para que los policías y presuntos narcotraficantes detenidos revelen
dónde están las víctimas.
“Sí
hay avances, hay detenidos y necesitamos todavía un poco más para que nos digan
el lugar donde están los jóvenes”, declaró, en Apatzingán, el secretario
ejecutivo del gabinete de seguridad nacional, responsable de los servicios de
inteligencia y de los cuerpos policiacos federales.
Así,
hasta el viernes 24 –a un mes de la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa–, “toda la fuerza del Estado” había resultado fallida para su
localización, en el peor acto de represión del Estado contra estudiantes, como
la define Human Rights Watch.
López
Dóriga, vocero
Las
críticas a las omisiones del gobierno de Peña Nieto en los hechos de Iguala,
Guerrero, han sido no sólo de organismos y medios internacionales, sino de
víctimas de la violencia en ese estado, del propio Ángel Aguirre Rivero, el
gobernador que el jueves 23 solicitó licencia, y de dirigentes perredistas,
como René Bejarano.
De
hecho, en el mismo documento en el que Aguirre anunció su licencia dijo que la
intervención del gobierno de Peña Nieto en Iguala fue tardía y que él informó
con oportunidad a las instancias federales los antecedentes que derivaron en la
tragedia.
“Resalto
que la información sobre los antecedentes de estos hechos ya había sido
compartida oficialmente en el seno de la colaboración institucional con las
fuerzas federales”, enfatizó Aguirre, como lo hizo también, en su oportunidad,
Bejarano.
En
efecto, el protagonista de los videoescándalos de Carlos Ahumada, Carlos
Salinas y Diego Fernández de Cevallos, afirmó que, desde mediados de 2013, él
personalmente enteró de los nexos de Abarca con el crimen organizado al
procurador Jesús Murillo Karam y Osorio Chong, pero no hicieron nada.
Esta
revelación del controvertido perredista, la madrugada del domingo 5, en el
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el que fue
electo Carlos Navarrete como presidente, y luego en varios medios, sacudió al
gobierno de Peña Nieto.
Murillo
alegó que no intervino porque Bejarano nunca le entregó pruebas. “Quedó de
entregármelas, pasó un tiempo bastante largo. Cuando lo volví a ver yo le pedí
la información, que no me la había mandado, y me dijo que no, que él ya lo
había visto”.
En
entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, conductor estelar de Televisa,
el procurador se deslindó del perredista: “Lo que él me dijo que iba a traer
pudo haber generado alguna idea de complicidad o liga (del alcalde) con el
narcotráfico, pero nunca lo trajo”.
Osorio
Chong, por su parte, refutó a Bejarano a través de una maniobra insólita:
Ordenó a la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de
Gobernación difundir como comunicado oficial, el miércoles 8, las opiniones de
López Dóriga y José Fonseca.
Titulado
Fragmento de mesa de análisis en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Radio
Fórmula, la Secretaría de Gobernación boletinó la siguiente transcripción para
ser tomada como postura oficial:
“José
Fonseca: René Bejarano no aportó, ni ha aportado, pruebas que sustenten sus
acusaciones contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“Joaquín
López-Dóriga: Lo dijo el procurador (Murillo Karam): que nunca presentó la
denuncia en la PGR como dijo. Y como me dijo el secretario de Gobernación,
Osorio Chong: ‘A mí René Bejarano jamás me trató el tema de Iguala’. O sea, el
secretario Osorio Chong está desmintiendo el señalamiento de Bejarano, que
también está jalando agua para su corriente”.
Por
lo menos un medio escrito tomó estas opiniones como postura oficial para
“desmentir” a Bejarano. “’Está jalando agua para su corriente’, dijo la Secretaría
de Gobernación en una ficha informativa a los medios”, publicó El Economista,
el jueves 9.
Peña
y Osorio, indolentes
Fue
hasta el lunes 6, al día siguiente de las declaraciones de Bejarano, cuando
Peña Nieto emitió un mensaje en cadena nacional para calificar de indignantes,
dolorosos e inaceptables los hechos de Iguala –ocurridos 10 días antes–, y para
instruir al gabinete de Seguridad esclarecer los hechos y localizar a los 43
estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En
un mensaje emitido desde el patio de honor del Palacio Nacional, Peña Nieto
ordenó que, en el marco de sus atribuciones, los elementos de seguridad federal
detengan a los responsables y se les aplique la ley, porque en su gobierno
–advirtió– no cabe “el más mínimo resquicio para la impunidad”.
Pero
no fue Osorio Chong, secretario ejecutivo del gabinete de Seguridad, quien
delineó las acciones, sino el comisionado nacional de Seguridad, Monte
Alejandro Rubido, quien anunció el despliegue de las fuerzas federales en
Iguala.
“Este
despliegue se realiza con base en las atribuciones del gobierno de la República
y en el marco de cooperación y colaboración con el estado de Guerrero”,
puntualizó Rubido, mientras que Osorio Chong estaba en León, Guanajuato.
En
esa ciudad participó en la Conferencia Nacional de Municipios de México
(Conamm), pero ni siquiera mencionó la tragedia de Iguala, como sí lo hizo el
presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya: “En México hay
voluntad política para evitar tragedias como la de Guerrero”, dijo.
Y
es que, tal como lo dijo Rubido, el gobierno federal tiene atribuciones para
intervenir en casos como Guerrero y no lo hizo, ya no tras el asesinato de seis
jóvenes en Iguala y la desaparición de los 43 normalistas, sino desde que fue
advertido de los nexos del alcalde fugitivo y su familia política.
En
efecto, la Constitución le confiere al presidente de la República, quien es
también jefe del Estado, facultades y deberes en materia de seguridad nacional
y seguridad pública.
Por
ejemplo, la fracción VI del artículo 89 le otorga la obligación de preservar la
seguridad nacional, cuya ley respectiva, en el artículo 12, lo designa como
jefe de inteligencia nacional y presidente del Consejo de Seguridad Nacional.
También,
según el artículo 89 fracción VI de la Constitución, el titular del Ejecutivo
tiene la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior
y exterior de la nación y cuenta con los medios coercitivos para garantizar el
orden público cuando eventos internos lo alteren.
La
Carta Magna, en los artículos 89 fracción VII y 76 fracción IV, le dan la
facultad de disponer de la Guardia
Nacional en las entidades, previo consentimiento del Senado, para garantizar la
gobernabilidad y la paz.
Por
su parte, el secretario de Gobernación, como coordinador del gabinete
presidencial y secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional –que lo
preside en ausencia del presidente de la República–, tiene también amplias
facultades y obligaciones para evitar atrocidades como la de Iguala.
La
ley Orgánica de la Administración Pública Federal ordena al secretario de
Gobernación ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la
población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos
humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos
de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Osorio
Chong, según la misma ley, debe organizar, dirigir y supervisar bajo su
adscripción a la Policía Federal, y proponer en el seno del Consejo Nacional de
Seguridad Pública políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia
de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional.
Esa
ley dispone también que el secretario de Gobernación debe auxiliar a las
autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal
competentes que soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en la protección de la integridad física de las personas y la
preservación de sus bienes.
Y
también debe intervenir para reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea
policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que
lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean
amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente.
Son
vastas las facultades y obligaciones del secretario de Gobernación en la Ley
Orgánica, pero también en la de Seguridad Nacional, en la que es el responsable
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Entre
las facultades del Cisen se encuentran operar tareas de inteligencia como parte
del sistema de seguridad nacional que contribuyan a preservar la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado mexicano, a dar sustento a la
gobernabilidad y a fortalecer el estado de derecho.
Además,
preparar estudios de carácter político, económico, social y demás que se
relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para
alertar sobre los riesgos y amenazas a la seguridad nacional; elaborar los
lineamientos generales del plan estratégico y la Agenda Nacional de Riesgos.
Así,
Peña Nieto y Osorio Chong pudieron haber intervenido para evitar la tragedia de
Iguala, pero a pesar de que lo hicieron de manera tardía, hasta 10 días
después, ni siquiera “toda la fuerza del Estado” ha sido capaz de localizar a
los 43 normalistas un mes después de desaparecidos…
Apenas
el viernes 24, Osorio Chong anunció que el gobierno intervendría más en
Guerrero: “Tenemos que tomar acciones de inmediato. Tengo instrucciones del
presidente de realizar todo un blindaje para cuidar a la población, para lograr
la tranquilidad y evitar cualquier otro tipo de acciones”.
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