La
de Transparencia, una ley regresiva/JENARO
VILLAMIL
Revista Proceso No. 1998, 14 de febrero de 2015
Si
el PRI y el Partido Verde insisten en aprobar en el Senado la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésta carecerá de legitimidad,
sostienen las fracciones del PRD y del PAN, algunos de cuyos legisladores se
quejan por los candados que se le introdujeron, entre ellos el de los fideicomisos
que administran Hacienda y el Banco de México. Eso hará más opaco el manejo del
Fondo Mexicano del Petróleo, por lo que, dicen, podrían plantear su
inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La
dictaminación se entrampó y se frenó la aprobación de esta ley reglamentaria,
para la cual se había fijado el sábado 7 como plazo máximo, según la reforma
constitucional de 2014. Algunas diferencias se han ido negociando, pero quedan
como “irreductibles” cerca de 20 temas muy delicados para el gobierno federal.
Los
senadores Arely Gómez González, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde,
admitieron en rueda de prensa el martes 10 que Agustín Carstens, gobernador del
Banco de México, y el consejero jurídico Humberto Castillejos frenaron con sus
observaciones puntos importantes, como la apertura y rendición de cuentas en
los fideicomisos y los relativos a inteligencia y contrainteligencia, entre
otros.
“Por
supuesto que el doctor Carstens ha hecho opiniones. Por supuesto que vamos a ir
a hablar con el doctor Carstens para que nos diga qué es lo que opina y
hablamos con otros de los sujetos obligados para ver qué es lo que opinan. La
seguridad nacional, la seguridad pública, la inteligencia, la contrainteligencia,
son temas muy sensibles, no se puede ir a la ligera”, refirió Escudero Morales,
presidente de la comisión anticorrupción que deberá elaborar el dictamen.
La
senadora priista Arely Gómez, quien facilitó durante las negociaciones los
avances con las organizaciones no gubernamentales y los expertos, admitió en
rueda de prensa que se presentaron 88 observaciones de “sujetos obligados” y
del consejero jurídico, Humberto Castillejos. “El consejero jurídico en todas
las iniciativas tiene una participación en el proceso legislativo”, afirmó.
De
esas observaciones, según Gómez, uno de los temas más difíciles es el de los
fideicomisos. “Se está tratando de ver quién va a ser el responsable de la
información”; también están los relacionados con inteligencia,
contrainteligencia y derechos humanos.
Para
el perredista Alejandro Encinas, los “corchetes” son el resultado del tropezón
de la Casa Blanca que impidió avanzar en diciembre y atascó la negociación,
mientras que su correligionaria Dolores Padierna Luna advirtió que los candados
de acceso a la información en lo referente a fideicomisos hará más opaco el
Fondo Mexicano del Petróleo, “sin duda el más importante, tanto en cuantía de
recursos como en funciones, porque manejará la renta petrolera”.
La
legisladora del PAN Laura Rojas advirtió que su partido se opone a eliminar la
obligación de que se transparente la lista de cancelaciones y condonaciones en
materia tributaria, así como las atribuciones del IFAI para imponer medidas de
apremio a fondos y fideicomisos que maneja la Secretaría de Hacienda.
Padierna
informó que, tan sólo para tener una idea de las dimensiones del tema de
fideicomisos, hasta el último cuatrimestre de 2014 Hacienda admitió que existen
352 de ellos que manejan 452 mil 454 millones de pesos y cuyo acceso no es
público, salvo para los usuarios autorizados por la dependencia, y no se
detallan las aportaciones correspondientes.
De
esos 452 mil 454 millones, 21.7% corresponden a 46 fideicomisos de
infraestructura pública (98 mil 365 millones); 21.2% a 120 fideicomisos de
“apoyos financieros” (96 mil 89 millones); 20.7% a seis fideicomisos para
“estabilización financiera” (93 mil 573 millones), y 17.2% a 24 fideicomisos de
pensiones (77 mil 681 millones).
Estos
fideicomisos no incluyen el que manejará el Banco de México –el futuro Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo–, que “sin duda será el más importante y deberá
operar con máxima transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó la senadora
Padierna.
Los
grandes corchetes
En
específico, el documento preliminar sobre propuestas de modificaciones, cuya
copia tiene Proceso, identifica como los corchetes más importantes los
siguientes artículos y asuntos:
–Artículo
23 (fideicomisos): Se propone modificar la redacción consensuada para exentar
de responsabilidades como sujetos obligados a “los fideicomisos y fondos
públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean
considerados una entidad paraestatal”.
El
PRD propone una redacción alterna para aclarar que “la institución fiduciaria o
el mandatario cumplirán con sus obligaciones” a través de sus propias áreas,
unidades y comités de transparencia.
–Artículo
42: Establece excepciones para formar comités de transparencia en el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Centro Nacional de Planeación,
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de
Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la
Comisión Nacional de Seguridad Nacional; la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial; el
Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor de la Armada.
El
gobierno federal propone una redacción para que sus unidades administrativas no
estén sujetas a la autoridad de los Comités de Transparencia, “siendo sus
funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia unidad
administrativa”.
–Artículo
43: Sobre las funciones de cada Comité de Transparencia, se le agrega en el
numeral III que éstos deberán ordenar a las áreas que “expliquen, de forma
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no
ejercieron dichas facultades, competencias o funciones”.
El
PAN y el PRD consideran regresivo este agregado.
–Artículo
70: En cuanto a declaraciones patrimoniales, el PAN y PRD defienden la
redacción original que propone tener acceso a la versión pública. El gobierno
plantea agregar una frase: “… de los servidores públicos que así lo
determinen”, abriendo un candado discrecional.
–Artículo
70: En materia de intervención en las telecomunicaciones, el gobierno propone
eliminar el numeral XLIX que obliga a hacer públicos los listados de
“solicitudes de las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores
de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones
privadas, el acceso al registro de comunicadores y la localización geográfica
en tiempo real de equipos de comunicación, una vez concluida la intervención”.
–Artículo
83: En lo que atañe a obligaciones de transparencia sobre las actividades de
exploración, extracción y refinación de petróleo e hidrocarburos, el gobierno
propone sujetarlas a los mecanismos de las leyes secundarias en materia
energética.
–Artículo
101: El gobierno propone mantener reservas sobre información “que pueda dañar
la estabilidad financiera, económica o monetaria” hasta que “se extingan las
causas que dieron origen a su clasificación”.
El
PRD considera que tal redacción “abre la posibilidad de permanecer reservados
de manera atemporal o permanente”.
–Artículo
113: Es considerada por el PAN y el PRD una de las grandes diferencias porque
PRI y Partido Verde plantean mantener reservada la información que “comprometa
la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, así como
aquella que “pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones
internacionales”.
El
gobierno busca eliminar en estos casos la llamada “prueba del daño” para
mantener la reserva.
–Artículo
115: El borrador originalmente consensuado con organizaciones ciudadanas y
expertos prohíbe invocar reservas “cuando se trate de violaciones graves de
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas así por la autoridad
competente” o “se trate de información relacionada con actos de corrupción, de
acuerdo con las leyes aplicables”.
La
propuesta gubernamental busca que los organismos garantes no sean los que
determinen la existencia de violaciones graves a derechos humanos. Esta es una
de las grandes diferencias con la Procuraduría General de la República y el
gobierno federal.
–Artículo
149: El gobierno propone acotar la “prueba de interés público” en información
cuando exista una colisión de derechos.
–Artículos
207 y 210 en materia de sanciones: El gobierno se opone a la imposición de
sanciones cuando se declare inexistencia de la información, cuando el sujeto
obligado deba generarla o cuando se clasifique información como reservada “sin
que se cumplan con las características señaladas por la ley”.
PAN-PRD
irían a la Corte
En
su documento Posicionamiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, los senadores del PRD que participaron en la negociación
–Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Isidro
Pedraza y Armando Ríos Piter– admiten que hubo grandes avances que hoy están en
riesgo.
Uno
de esos avances es que “se precisó que por violaciones graves a derechos
humanos y delitos de lesa humanidad y actos de corrupción no podrá reservarse
información por ningún sujeto obligado”.
Otro
es que se crea un Sistema Nacional de Transparencia y se incorpora como sujetos
obligados a los partidos y agrupaciones políticas, sindicatos y autoridades del
ámbito laboral.
Para
el PRD, la modificación de más de 80 artículos y la eliminación del capítulo
“Denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados” son “ampliamente regresivas y rompen el consenso con las
organizaciones sociales especialistas en el tema, académicos, órganos garantes,
así como senadores y senadoras”.
En
lo concerniente a transparencia en el sector de hidrocarburos, el pleno de los
consejeros del IFAI advirtió el miércoles 11 que debe estar incluido porque uno
de los compromisos asumidos fue “publicar como mínimo contratos con las
empresas extractivas”.
Legisladores
del PAN, como Roberto Gil Zuarth, y del PRD que participaron en la negociación
plantearon desde el martes 10 que podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) en caso de que el PRI y el Partido Verde insistan en
aprobar “una ley regresiva que nacerá con un problema de legitimidad”.
Gil
Zuarth acusó al PRI y al PVEM de pretender “crear opacidades por mayoría” que
obligarán a la oposición a plantear el recurso de anticonstitucionalidad ante
la SCJN.
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