Toda la estructura de
seguridad, infiltrada
ARTURO RODRÍGUEZ
GARCÍA
Revista Proceso No. 1843, 26 de febrero de 2012.
La presencia del narco
en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no pueden
ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora
general Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los
Zetas, es una toma por asalto de las estructuras de mando, de las que disponen
a su antojo los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en
el que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo los mandos
federales y locales de las policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos
sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y
hasta sicarios.
A cinco años de
iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50
mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad
federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye
insistentemente a policías e instituciones locales.
De acuerdo con la
averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de
febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que
denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la
PGR cargamentos de droga.
La indagatoria añade
que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y
enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia
donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las
nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera
temporal a combatir al narco.
Por su parte, otros
efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de
consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que
estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias,
incluidas las anónimas.
En el caso de las
corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a
los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal
para mantener a salvo su estructura.
En Coahuila, el
teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como
titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado
del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.
La corrupción en la
Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de
Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde
hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena
de febrero.
La mañana del 15 de
ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante
ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz
Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer
personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia
González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero,
están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal
prisión.
El jueves 16, la
procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a
toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia
dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin
precedente en el combate que estamos dando contra los agentes federales de
investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea en cualquier
nivel (que sean corruptos)”.
Morales adelantó que
hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin
embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de los elementos ya
mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.
En cuanto a la
corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del
Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han
dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los
valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme
y la confianza en ellos depositada”.
Esos “casos
excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor
violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos
documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente
ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de
Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería,
de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería,
radicado en Saltillo.
Así, el miércoles 8 de
febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales
y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada
tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y
Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.
Los dos son ahora
testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial
Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada
se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaraciones de
los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y
confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de
Los Zetas”.
En su declaración del
4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los
tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián
Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros,
que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.
Los Zetas les pagaban
30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier Soto Núñez,
Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia Cárdenas y
Evencio Castillo Castro.
Al sargento José Luis
Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro
Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar
las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.
Otro sargento, Sergio
Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien
presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con
la organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina.
Los soldados detenidos
se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el
asesinato de un teniente de apellido Hoyos.
A la lista de
implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús
Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los
sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé
Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay.
La lista sigue.
En el caso del
teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en efectivo
y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos
asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo,
comandante del batallón.
“Junto con otros
tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se encargaba
de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de Los Zetas,
ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en
Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.
Añadió: “Tengo
conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es
decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros,
gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían
puesto el dedo a Los Zetas”.
El martes 21, el
diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la causa
penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está
relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y
portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.
Respecto al teniente
Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares,
pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y montos a la
PGR, por lo que el general ordenó matarlo.
Las declaraciones de
Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis Jesús Sarabia Ramón,
Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y
Nuevo León.
Ante el Ministerio
Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de
las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales,
L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se
integró a “la operativa”, es decir, a la escolta de L-40 y de su hermano Omar
Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río
Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los
Zetas, luchaba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar
Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en
Cuernavaca.
En 2007 Sarabia fue
enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir como “tranca” o encargado de las
comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo convirtió en
jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo
también como jefe de plaza, pero para entonces “ya formaba parte de la polla”,
es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares
mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a
quienes responden al mando de Nuevo Laredo.
En su declaración,
Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sérpico asentó que
en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos
mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos
federales 30 mil. Además se les regalaban costosos vehículos.
Para identificar a los
miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres letras”. Además de
tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la
PGR en Saltillo, Claudia González López.
Cuenta Sarabia que un
día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –que el
primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100
mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel
Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero
(50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio público y la subdelegada.
En febrero de 2010 la
subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se encontraron con Sarabia y
El Gerry en la agencia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la
funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de doble
cabina.
Los vehículos que se
obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconómina, se entregaban en
la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en
la colonia Topochico.
Y contra la afirmación
de la procuradora general Marisela Morales de que no está implicado más
personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil
pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a quien conocían
desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González
Nava, este último responsable estatal de la AFI, radicado en Torreón y quien
recibía 600 mil pesos mensuales para repartirlos entre los policías asignados a
Coahuila. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo andaban por el
estado sin ser molestados.
Además, los elementos
de la PGR y la AFI debían liberar mercancías vehículos y armas aseguradas en
operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los zetas detenidos,
informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus miembros, y
compartir la información enviada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
En enero de 2011 se
les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El Risas, que
desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos para
dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con
Sarabia y otros zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra
contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.
No fue posible liberar
a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México.
La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo ocurrido y
liberar el soborno retenido.
Escorpión afirma que
conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la nómina para
Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.
El mismo testigo
señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique González Nava, de
la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en enero de
2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos zetas le
entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a
los oficiales durante su estancia en los dos estados.
Según esta declaración
integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de ministerios
públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes detenidos,
pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que
Valbuena dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, donde escapó,
haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.
El capitán de la PF
recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la
PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de
la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a
Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a
comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.
Valbuena proporcionaba
información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF
y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito Federal”).
Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehículos, vuelos,
horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de los operativos
federales en la zona.
El capitán también
“resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En
esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para
él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la
corporación se encuentra comprometida con Los Zetas”, señala Escorpión.
Agrega que a Valbuena
se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los
nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le atribuye al capitán el
robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre Saltillo-Torreón, en
abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los
vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.
La misma fuente
declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos
blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como
tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene
como destino el Distrito Federal.
Según Sagitario, el
capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando
mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un
proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la
ordeña de ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de
gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le
entregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.
En Coahuila el peón de
Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar,
Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a mediados de 2008 fue
designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de
Saltillo.
El Modelo Coahuila fue
un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la
designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales
que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las
jefaturas de seguridad pública municipales.
Arvide lo describió
así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes militares, dentro de
este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la
Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros
generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han
coincidido con su mando en diversas comisiones”.
Las policías
estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares
que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto
poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su “jefe
moral” era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco
Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.
Arvide terminó su
relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al
entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el
hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo
después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de
Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el
cargo tras un escándalo callejero en Cancún.
Cícero se hizo notar
en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la escolta del
L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las instalaciones de
la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin embargo, de las
declaraciones de los testigos protegidos se desprende que Pepito Sarabia le
entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo
nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.
Otro implicado era
Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba
la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de
diciembre con su hijo de 12 años.
Los testigos y Sarabia
coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del exfiscal general
del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador en los años noventa,
bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual
gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Humberto Torres era
director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los
declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100
mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.
El lunes 20 la
periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la
corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe
Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el
cargo desde 2010.
Pese a estos
antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que
llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna
indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de
desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se
comprometió desde mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y dar
respuesta a las familias que exigen justicia.
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