El tamaño del fracaso, exhibido ante la CIDH

El tamaño del fracaso, exhibido ante la CIDH/GLORIA LETICIA DÍAZ

Proceso No, 1982, a 26 de octubre de 2014

Las ejecuciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de estudiantes normalistas de Ayotzinapa exhibieron “el fracaso del gobierno” de Enrique Peña Nieto, que buscó “acabar con la violencia” del país al desaparecerla del discurso.

Desde Costa Rica, Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), va más allá en su análisis: lo ocurrido en Ayotzinapa es la “punta del iceberg” del deterioro de las instituciones, comenzado con la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón.

 En vísperas de que el 30 de octubre el CEJIL, el Centro para el Desarrollo Integral de las Mujeres (Cedimac), el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presenten ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, un informe sobre la impunidad y las graves violaciones a los derechos humanos en México, la abogada asevera que “el gobierno federal está obligado, primero, a hacer todo lo que esté a su alcance para averiguar el paradero de estas personas, y por otra parte habrá que analizar la responsabilidad (federal) por las faltas de medidas de prevención”.

 Experta en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Aguiluz recuerda que el Estado mexicano, en su conjunto, está representado por la Presidencia de la República, y por esa razón dicha instancia debe responder, “más allá de que Guerrero tenga su gobernador y sus propias legislaciones”.

 En el caso específico de los ataques ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y el 27 de septiembre –en los que murieron seis personas, tres de ellas normalistas, y 43 estudiantes fueron levantados por la policía–, Peña Nieto debe “demostrar que cumplió con políticas adecuadas de prevención, pero en nuestro criterio, si esas políticas hubieran estado implementadas, probablemente no estaríamos lamentando estos hechos”.

 Entre las precauciones no tomadas por el Estado mexicano, resalta, están las denuncias presentadas el año pasado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) ante la Procuraduría General de la República (PGR), donde se señalaba que en la muerte del dirigente de la Unión Popular, Arturo Cardona, estaba involucrado el alcalde José Luis Abarca. Esto llevó a que las organizaciones demandantes solicitaran ayuda a la CIDH con el fin de proteger a personas amenazadas. (Proceso 1979.)

 “¿Qué pasó con estas denuncias? ¿Quién es responsable de que no se haya investigado, de que esta persona siguiera en el poder pese a las vinculaciones con la delincuencia organizada? El Estado tiene ahora la oportunidad de dilucidar los grados de responsabilidad, y ojalá lo haga en todos los niveles, porque si se sanciona, si se anticipa y si se envía un mensaje al más alto nivel político de que estas acciones no son toleradas, va a contribuir a que la situación en México cambie”, puntualiza.

 Para Aguiluz no cabe duda de que el origen de los ataques en Iguala radica en la impunidad imperante en México, que alcanza 98%, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Una faceta de este problema es que no se castiga a agentes del Estado que perpetran violaciones graves a las garantías individuales:

 “Entre 2006 y 2012 hubo 140 denuncias por tortura. De éstas sólo se iniciaron cuatro procesos y sólo hay una sanción; si se consulta a la Sedena sobre cuántos funcionarios han sido sancionados por tortura, se encontrará que ninguno.”

 Insiste: “(La agresión contra los normalistas) es consecuencia de malas decisiones, de un enfoque de guerra para acabar con el enemigo. Ese enemigo puede ser cualquier ciudadano, y en el caso de Ayotzinapa, para las autoridades locales, los estudiantes eran los enemigos. Eso permea en quienes reciben las órdenes”.

 La abogada sostiene que, pese a que en su discurso Peña Nieto eliminó la “guerra contra el narcotráfico”, en los hechos “no hay medidas efectivas que tiendan a combatir esa cultura institucional. Tampoco hemos observado decisiones contundentes que muestren una clara orden de cesar este tipo de violaciones”.

 En el informe 2013 de la CIDH se consigna que México ocupa el primer lugar de solicitudes para que el organismo intervenga, con 660 peticiones. Colombia le sigue, con 328. “Evidentemente, hay una preocupación, porque la gente no ve a nivel interno una solución”.

 Expresa que la separación de Ángel Aguirre del gobierno estatal, el jueves 23, fue “demasiado tarde; en democracias consolidadas una atrocidad como la que conmocionó a México y más allá es seguida de la renuncia inmediata del responsable político”.

 Así, Aguiluz adelanta que durante la audiencia en la sede de la CIDH se pretenderá “hilar” un largo historial de casos con Ayotzinapa.

 La muerte de tres estudiantes y tres personas más, y la desaparición de 43, reitera la directora de CEJIL, es un asunto emblemático que “muestra a la institucionalidad cooptada y a esta cultura de los funcionarios públicos que, ante una impunidad estructural, dado que nada pasa, nunca son hallados responsables. Y entonces pueden disponer de las vidas de las personas”.