Revista
Proceso
No. 2013, 30 de mayo de 2015...
Para
conocer el costo del enorme edificio de cristal que el presidente Enrique Peña
Nieto mandó construir en Los Pinos –hecho del que Proceso dio cuenta en su
portada de la edición 1976– fue
necesaria más de una batalla. Tras las negativas oficiales a informar al
respecto, este semanario descubrió que la Presidencia puso el terreno, pero la
Sedena pagó la construcción y luego la cedió a la primera; así se
pretendía evitar la licitación de la
obra y la obligación de rendir cuentas sobre los gastos.
El
edificio de 5 mil 270 metros cuadrados de construcción en la residencia oficial
de Los Pinos, que la Presidencia intentó esconder aun cuando Proceso, en su
edición 1976, documentó los detalles de su sigilosa construcción , le costó al
erario 78.37 millones de pesos. Este nuevo dato fue obtenido de la propia
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de la Ley de Transparencia.
Para
ocultar ese gasto y evitar la rendición de cuentas, la Presidencia no contrató
directamente la obra. La construcción, equipo y mobiliario se pagaron con el
presupuesto de la Sedena, que después firmó con la Presidencia un “acuerdo de
colaboración” para usar de forma “gratuita” todo el inmueble y hacerse cargo de
su administración hasta noviembre de 2018, un mes antes de que termine la
administración de Enrique Peña Nieto.
Con
sus vidrios polarizados, el edificio desentona con los otros en Los Pinos. Se
alza en un terreno de mil 250 metros cuadrados y es equiparable en sus
dimensiones a la residencia Miguel Alemán, que tiene 5 mil 700 metros cuadrados
de construcción.
En
el nuevo edificio despacha el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio
Nuño Mayer, y es utilizado también por el cuerpo de Guardias Presidenciales,
responsables de la seguridad de Enrique Peña Nieto.
Proceso
cuenta con documentación probatoria de que la Secretaría Particular del
Presidente, encabezada por Erwin Manuel Lino Zarate, violó la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública al negar la existencia del
convenio entre la Presidencia y la Sedena que detalla la construcción y uso del
nuevo inmueble, a pesar de tener la información.
La
presidencia de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado desde su inicio por el
dispendio y la opacidad, ya sea respecto a su riqueza personal o en cuanto se
refiere a la Casa Blanca de su esposa, Angélica Rivera, proporcionada por un
importante proveedor de los gobiernos de Peña Nieto. Lo mismo, cuando se trata
de las remodelaciones y construcciones en Los Pinos, como las detalladas en el
reportaje referido: La opaca remodelación de Los Pinos.
No
obstante, a diferencia de las finanzas personales del mandatario, la ley de
transparencia no permite al gobierno federal el uso discrecional de recursos
públicos y ni del patrimonio nacional.
En
noviembre de 2012 esta reportera inicio una investigación en torno a los gastos
en remodelaciones y construcciones realizadas en Los Pinos con la llegada de
Peña Nieto, su familia y su equipo de trabajo. La información, publicada en
Proceso 1976, evidenció la falta de rendición de cuentas sobre el gasto público
ejercido por la Presidencia.
En
junio de 2014 se solicitó a ésta copia del contrato o convenio en el que se
establecieran las condiciones y costos de la construcción del nuevo edificio
que ocupa Nuño Mayer. El 11 de agosto de 2014 la Unidad de Transparencia, que
depende de la Secretaría Particular del presidente, afirmó que esta secretaría, la Dirección
General de Recursos Materiales, la Dirección General de Finanzas y el Estado
Mayor Presidencial no encontraron “evidencia documental de la información
solicitada”.
La
mole de cemento y vidrios polarizados se ve desde la calle y está en los
terrenos de la residencia oficial de Los Pinos, cuya administración controla
totalmente la Presidencia.
Ante
la negativa, se presentó una nueva solicitud. En ésta se pidieron copias de los
recibos de agua, electricidad y gas desde el día que el edificio entró en
funcionamiento hasta la fecha de la solicitud: 8 de septiembre de 2014.
Tras
la publicación del reportaje en la edición citada, correspondiente al 14 de
septiembre de aquel año, el 7 de octubre siguiente la Dirección General de
Recursos Materiales reconoció la existencia de un convenio con la Sedena pero
no transparentó el costo del inmueble. Argumentó que fue construido con
presupuesto de la Defensa Nacional.
Los
trabajos no fueron sometidos a un proceso de licitación pública, invocando
causas de “seguridad nacional”, sino por administración directa de la Sedena.
Esquema
de simulación
Carlos
Alberto Ramírez Velasco, coordinador general de Administración de la Oficina de
la Presidencia, firmó un “convenio de colaboración” con la Sedena en diciembre
de 2013, y el edificio se inauguró en enero de 2014. Meses antes la Presidencia
le asignó a esa secretaría los mil 250 metros cuadrados para el inmueble, pero
el documento correspondiente también ha sido ocultado por Los Pinos.
Según
el convenio, la Sedena pidió ese espacio para edificar un inmueble destinado a
las oficinas de los Guardias Presidenciales, pero en el mismo documento la
dependencia entregó la totalidad del edificio a la Presidencia “con fines
estratégicos de seguridad y de carácter administrativo”.
Sin
embargo, la Presidencia se obliga a utilizar el inmueble únicamente para
oficinas administrativas, quedando prohibido utilizarlo para cualquier otro
fin. La dependencia también es responsable del mantenimiento del edificio y pagará el costo de los servicios que sean
requeridos para su funcionamiento. Asimismo será la responsable si el edificio
se destruye.
Este
esquema administrativo le permitió a la Presidencia el uso discrecional de
recursos públicos, ya que los trianguló a través de la Sedena, generando
opacidad en torno de la obra.
Un
experto en materia de la Ley de Transparencia en México consultado sobre este
esquema señala que cada vez es más frecuente que la Sedena realice obra pública
federal de manera que no haya procesos de licitación, lo que genera una gran
opacidad y posible corrupción.
“Es
absurdo que los ciudadanos pagamos impuestos para que la Sedena brinde
seguridad y ahora se dediquen a obra pública”, sintetiza, y añade que también
“es un ejemplo claro de opacidad” la forma en que la secretaría respondió a las
solicitudes de información.
En
2013, cuando el edificio fue construido, la Presidencia de la República ejerció
55.5% más del presupuesto aprobado por el Congreso, su sobregiro más amplio de
los últimos 14 años: se le autorizó gastar 2 mil 104 millones de pesos y erogó
3 mil 273 millones.
A
la Sedena se le aprobó un presupuesto de 60 mil 810 millones de pesos y gastó
63 mil 46 millones, es decir el 3.6% más. Esta secretaría afirma que el dinero
para la construcción, equipamiento y mobiliario del nuevo inmueble salió de los
capítulos de gasto 1000 (servicios personales), 2000 (materiales y suministros)
y 3000 (servicios generales).
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