El caso de la Narvarte...De la propia PGJDF emergió la suciedad

Revista Proceso # 2025, 22 de agosto de 2015..

De la propia PGJDF emergió la suciedad/SARA PANTOJA

Rodolfo Ríos, procurador general de justicia del Distrito Federal, aceptó que, “por corrupción” o amiguismo, desde la dependencia a su cargo se filtró información a ciertos medios de comunicación sobre la masacre de la colonia Narvarte, en la que fueron asesinados el colaborador de Proceso Rubén Espinosa y cuatro mujeres. Según familiares y abogados de los ejecutados, el funcionario dijo que no puede hacer nada para frenar esas filtraciones. Una activista colombiana sentencia: “Lo que (la PGJDF) ha hecho es sacar la información que más puede servirle socialmente para desprestigiar a las víctimas. Las convierten en putas, a los otros en mariguaneros”.

El medio día del pasado viernes 14, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos, se reunió con familiares y representantes legales de las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte en el quinto piso de su “búnker” de la colonia Doctores. Fue tundido a reproches, y sus respuestas no bastaron para calmar la indignación.

Al encuentro asistieron hermanos de la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés y del fotoperiodista Rubén Espinosa, además de los abogados coadyuvantes de la organización Artículo 19; parientes de la activista Nadia Vera y los litigantes Karla Micheel Salas y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Estuvieron ausentes familiares y representantes legales de Yesenia Quiroz y Milena Virginia Martín.

Justo al cumplirse dos semanas del crimen, el procurador llegó arropado con su plana mayor: Edmundo Garrido, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales; María de los Ángeles López Peña, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Atención a la Comunidad; Jorge Mirón, subprocurador de Derechos Humanos, y Marco Reyes, fiscal de Central de Homicidios.

Fue la primera reunión formal entre autoridades y víctimas. Ahí, los asistentes le recriminaron a Ríos Garza la filtración de partes del expediente a algunos medios de comunicación, y le recordaron que esa acción viola sus derechos humanos y entorpece la investigación. Además, esas filtraciones ocasionaron discriminación y revictimización de los asesinados y sus allegados.

También le hicieron notar el hecho de que concentre la indagatoria en un solo sentido: el del robo y ajuste de cuentas, mientras que hace a un lado el móvil político que apunta hacia el gobierno de Veracruz.

De acuerdo con asistentes al encuentro, que pidieron el anonimato, Ríos Garza les respondió que la información no salió “de su círculo”, sino que “había gente de abajo” que “por corrupción” o por “amistad” pasaba datos y documentos a ciertos reporteros. Afirman que, de hecho, aceptó que las filtraciones afectaban a la propia dependencia.

Pero esa explicación no convenció a los asistentes, quienes le exigieron reconocer públicamente el error y parar las filtraciones. El funcionario insistió al decir que “él no tenía la posibilidad de controlarlo porque muchas personas pueden filtrarlo, y más aún porque (el expediente) ya está en el Tribunal” Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), indica una fuente.

Y como una medida para “resanar” el problema, les comentó que la dependencia abrió una averiguación previa en la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos por las filtraciones.

Ríos Garza les pidió confiar en el trabajo de la PGJDF y aceptar la ayuda psicológica y social que la dependencia les ofrece. Además, se comprometió a tener reuniones semanales para informarles de primera mano el avance de la indagatoria.

Los familiares de las víctimas y sus representantes legales fueron citados de nueva cuenta el jueves 20, ahora en la Fiscalía Central de Homicidios. Esta vez también acudió la madre de Yesenia Quiroz. Un día antes había ido al departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909 para recoger las pertenencias de su hija.

A diferencia de la junta de la semana anterior, la del jueves 20 fue de carácter técnico, ya sin la presencia del procurador para, supuestamente, aclarar dudas sobre los peritajes y demás estudios.

Crecen las dudas

Para los abogados coadyuvantes en la investigación, en vez de aclarar, los dichos del procurador hacen crecer las dudas. Según Leopoldo Maldonado, miembro de la organización internacional Artículo 19 y representante de los familiares del fotoperiodista colaborador de la revista Proceso, la declaración del único detenido y consignado del caso, Daniel Pacheco Gutiérrez, “se cae por sí sola” debido a las contradicciones y las pruebas recabadas en el expediente.

En su primera declaración, el miércoles 5, el supuesto “pulidor de autos” dijo que tuvo relaciones sexuales con una de las chicas que vivían en el departamento 401 del edificio 1909 de Luz Saviñón, por lo que pagó mil 800 pesos. Sin embargo, el peritaje de genética forense arrojó que en ningún cadáver se hallaron muestras de semen por coito oral, anal ni vaginal.

En entrevista, el abogado destaca que en el expediente existen pruebas en video –aunque no se han difundido– en donde se observa a los supuestos agresores llegar al departamento a bordo de una camioneta alrededor de las 14:10 horas del viernes 31 de julio, según registraron las cámaras del sistema de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

No obstante, en su declaración, el detenido dijo que se trasladó al lugar en metro y luego en taxi, y que llegó con Omar, un supuesto “malabarista”, alrededor de las 13:30 horas. Agregó que José Abraham, un “viene-viene” que lo invitó al departamento, llegó en su auto Renault tipo Megane y que, al salir, se llevó un Mustang rojo presuntamente propiedad de Milena.

El abogado de Artículo 19 comenta que la Policía Cibernética aún no tiene el resultado del cruce de los tiempos entre las llamadas y los mensajes que mandaron las víctimas con sus teléfonos celulares y las horas de entrada y salida de los presuntos agresores, según los relojes de las cámaras de video de la SSPDF. Ese resultado, dice, aclarará la hora en que presuntamente se perpetró la masacre.

Agrega que no se han buscado en todo el país los antecedentes balísticos de la pistola calibre 9 milímetros que se utilizó en el crimen. La PGJDF sólo hizo el rastreo en el sistema de datos del Distrito Federal, lo que arrojó que el arma no estaba involucrada en ningún otro crimen en esta ciudad.

En resumen: “Seguimos con bastantes dudas sobre la efectividad de la investigación. No podemos adelantar juicios, pero hay diligencias que requieren mucha mayor prontitud en su desahogo y desarrollo y que no se han realizado, y esperamos que se hagan a la brevedad. Por esto podemos inferir que no está claro el plan de investigación de la procuraduría”, afirma.

 “Mile”, “la más vulnerable”

El manejo de la investigación de la PGJDF y las filtraciones del expediente también despiertan resquemores entre la comunidad colombiana en México.

 “La impresión que tenemos es que la investigación se quiere ‘cargar’ a Milena Virginia, Mile, sobre todo por el análisis mediático que hemos logrado hacer, porque no hay quién la defienda aquí; es la persona más vulnerable en la investigación”, considera Yarima Merchan Rojas, integrante del grupo Me muevo por Colombia.

En entrevista, asegura que a diferencia de lo que hace la PGJDF, “como connacionales nosotros sí partimos de la presunción de inocencia de Mile Virginia. Vemos todas esas violaciones a la cadena de custodia, toda la información filtrada, todas las falsedades que se han dicho en torno de ella… Hay cosas que ni siquiera están comprobadas…”.

Arqueóloga de profesión, Merchan Rojas observa que la indagatoria se ha “encarnizado” contra la joven de 29 años de edad porque en México no tiene familiares ni abogados coadyuvantes que exijan una investigación imparcial.

 “Pareciera que la procuraduría se vuelve acusadora, y lo que han hecho es sacar la información que más puede servirles socialmente para desprestigiar a las víctimas. Las convierten en putas, a los otros en mariguaneros y ya por eso pareciera que valen menos”, lamenta.

La semana pasada, a través de la embajada de Colombia en México, la agrupación Me muevo por Colombia envió una carta a los hermanos de Milena Virginia Martín para ponerlos al tanto del desarrollo de la investigación y ofrecerles apoyo legal. Según Yarima Merchan, esperan que esta semana las autoridades diplomáticas tengan respuesta de los familiares de la joven. 

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Los tenebrosos declarantes veracruzanos/NOÉ ZAVALETA

XALAPA, VER.- Están acusados de desapariciones forzadas desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, tráfico de influencias para dirigir la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y nulo trabajo para ofrecer garantías a reporteros, además de la ­subordinación absoluta de esos órganos al gobernador veracruzano, Javier Duarte…

Son los servidores públicos que la semana pasada declararon ante los enviados de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Arturo Bermúdez Zurita, titular de la SSP; Benita González, presidenta, y Namiko Matzumoto, secretaria ejecutiva, de la CEAPP, fueron citados en la Fiscalía General del Estado para “aportar pruebas” que ayuden a esclarecer el multihomicidio de Narvarte.

Bermúdez, González y Matzumoto arrastran un negro historial en el servicio público; desde el Congreso local, legisladores de oposición ya han exigido las renuncias de los tres, por sus nulos resultados al frente de las instituciones que representan.

 “Deben renunciar; los órganos autónomos han perdido la autonomía. No tienen credibilidad ante la sociedad”, señala en entrevista Cuauhtémoc Pola Estrada, diputado de Movimiento Ciudadano sobre la CEAPP y también acerca de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dirigida por Luis Fernando Perera Escamilla, quien llegó al cargo “recomendado” por su hija, la exdiputada local priista y exdirectora del DIF municipal de Veracruz, Ángela Perera.

Pola puntualiza que las dirigentes de la CEAPP fueron al Congreso local dos veces, acompañadas de Perera Escamilla, a escuchar quejas de periodistas en temas de amenazas, acoso y represión. “Entre los reporteros que tomaron la palabra estaba Rubén, con un posicionamiento fuerte”, dice. Sin embargo, los representantes de los órganos autónomos “sólo tomaron nota, pero no dieron garantías”.

En 2014 Pola solicitó en tribuna la renuncia de las dirigentes de la CEAPP, por la falta de atención del organismo ante las amenazas de las que era víctima la reportera Norma Trujillo, de La Jornada Veracruz: “Desde que ingresamos como diputados nos dimos cuenta de que la CEAPP era un elefante blanco, donde cada año se echan a la basura 22 millones de pesos”.

En el caso de Bermúdez, una decena de diputados del PAN, líderes y legisladores del PRD y dirigentes empresariales han pedido su remoción por la ola de inseguridad.

 “Pinches medios”

El 22 de noviembre de 2013, durante la comparecencia protocolaria de Bermúdez como titular de la SSP, su equipo de trabajo llevó a más de mil acarreados al Congreso local, para reivindicar su maltrecha imagen; sin embargo, la fiesta fue interrumpida por una veintena de reporteros y fotoperiodistas de Xalapa, quienes irrumpieron en el acto exigiendo un alto a las agresiones e intimidaciones de los policías.

Bermúdez –con gesto descompuesto– soltó a micrófono abierto: “Pinches medios”.

En mayo de 2013, familiares de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, ­desaparecidos cuatro meses antes, enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la cual piden su intervención para “investigar al interior de la SSP”, pues aseguran que sus esposos, hijos o hermanos fueron “levantados” por un cuerpo de élite de la propia Policía Estatal.

“Los veracruzanos somos víctimas de la ola de violencia que está desbordada en todo nuestro estado, con extorsión, amenazas, intimidación, secuestros, robos, asaltos, a plena luz del día a civiles y, como en nuestro caso, a policías municipales o tránsitos”, decía la misiva, la cual recriminaba que las llamadas “policías tácticas” eran delincuentes con permiso gubernamental, pues estaban implicadas en casos de extorsión y secuestro.

La carta reclamaba que aunque habían presentado una queja ante la CEDH, el organismo “no movió un dedo para investigar hacia el interior de la corporación policiaca”.

Esa corrupción quedó exhibida desde septiembre de 2012, cuando 35 uniformados de Veracruz –19 de ellos adscritos a la nueva Policía Estatal Conurbación Xalapa– fueron detenidos por efectivos de la Marina, en cumplimiento de una orden de presentación de la Procuraduría General de la República, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El último roce de Bermúdez con la prensa de Veracruz ocurrió en junio pasado, cuando aquél admitió tener “fichados” –con fotografías, videos y audios– a todos los reporteros que se han manifestado en la entidad.

Los activistas sociales y los estudiantes y catedráticos de la Universidad Veracruzana responsabilizan a Bermúdez de la agresión a ocho jóvenes universitarios el pasado 5 de junio en un departamento de Xalapa.

En dicho ataque, perpetrado por encapuchados armados con machetes, palos con clavos y bates de beisbol, tres de los jóvenes agredidos terminaron desfigurados. El más grave presentó traumatismo craneoencefálico.

La del café, la de los velorios

Matzumoto, exempleada del Poder Judicial estatal, llegó a la CEAPP por “efecto rebote”. Su intención era encabezar la CEDH, y aunque fue incluida en la terna propuesta al Legislativo, fue desechada por un compromiso político de Duarte con el actual ómbudsman local.

Matzumoto, emparentada con el exsecretario de Gobierno Erick Lagos Hernández, fue propuesta meses después como secretaría ejecutiva de la CEAPP, luego de trabajar en el equipo de prensa del Consejo de la Judicatura, donde –recuerdan reporteros de la fuente judicial– era la encargada de organizar el servicio de café, refrescos y galletas antes de cada conferencia de prensa del titular del Tribunal Superior de Justicia.

A Benita González Morales, segunda presidenta de la CEAPP, los reporteros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río la identifican como “la mujer de los velorios”, pues en los ocho meses que lleva al frente de la comisión sólo la han visto en los sepelios de tres periodistas: Moisés Sánchez, Juan Mendoza y Armando Saldaña.

“Llega de negro, pone su jeta de muy dolida, de lástima, para salir en las fotos y nada más. La hemos visto en los dos funerales de Medellín, pero jamás acercarse a los reporteros de la zona para buscar mecanismos de protección y garantías del ejercicio profesional”, dice una reportera del puerto de Veracruz.

El columnista Mussio Cárdenas define así a la presidenta de la CEAPP: “No es que sea mala. Es que es convenenciera, oportunista, ventajosa y tendenciosa. Benita González no es líder de opinión. Sólo lo creen así Fidel Herrera (exgobernador), Javier Duarte (actual) y la propia Benita González, pero sólo es una empleada del poder. Nunca se le verá fijando la posición crítica de la CEAPP. Nunca condenará el régimen de agresión, insidia, hostigamiento, represión, violencia, que distingue al duartismo”.

En entrevista, Pola insiste en que los llamados “órganos autónomos”, garantes de los derechos humanos y de la protección a periodistas, no son tales: “No vemos los resultados de la CEAPP y de la oficina de Derechos Humanos, no hay reacciones rápidas y oportunas. Dejan mucho que desear; el sentido autónomo que pregonan hay que ponerlo entre comillas”.

Jorge Morales, único integrante de la CEAPP que ha marcado distancia del Poder Ejecutivo, expone que los mecanismos de protección para reporteros son una “falacia”.

La CEAPP, señala Morales, las comisiones de derechos humanos y hasta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nacional, son entes burocráticos dedicados “hasta el momento” a atender la parte más “light” y hasta cierto punto “glamorosa” del problema, sin meterse con los agresores, quienes están dentro del aparato ­gubernamental.