Funcionarios de doble cara. El reportaje de Turati

Funcionarios de doble cara/MARCELA TURATI

Revista Proceso No. 1843, 26 de febrero de 2012

Cuando se enteraron por las noticias de que al exfiscal de Coahuila Jesús Torres Charles y a la subdelegada de la PGR en el estado, Claudia González, se les relaciona con Los Zetas –el primero por parentesco, la segunda por brindarles protección–, a cientos de familias de todo el país se les heló la sangre.

Entendieron que a la par que aportaban nuevos datos a los funcionarios para que buscaran a sus familiares desaparecidos estaban entregando información a los propios criminales. Comprendieron también por qué, a pesar de sus esfuerzos, el gobierno no ha encontrado a ninguna de las personas reportadas como desaparecidas en la entidad en estos tiempos de la guerra contra el narco.

“Siento frustración por la impunidad, por la omisión, por el cochinero y la colusión de todas las autoridades procuradoras de justicia del estado de Coahuila, no nada más las personas que ya aprehendieron, sino las que nos pusieron innumerables obstáculos a las familias que hicimos pesquisas, investigamos con esfuerzos sobrehumanos por ser simples ciudadanos. Y seguramente todo lo que presentábamos al fiscal lo tiraba a la basura”, dice indignada la señora María Guadalupe Fernández Martínez.

Es madre del ingeniero Jorge Antonio Robledo Fernández, un defeño desaparecido en Monclova el 25 de enero de 2009. Tenía 32 años y trabajaba en ICA Fluor Daniels, en el Proyecto Fénix de Altos Hornos de México. Desde entonces la pareja Robledo-Fernández se volcó en la búsqueda de su hijo y viajó cada semana a Coahuila para entregarle pruebas al fiscal.

Le dieron un video del antro sospechoso, de ventanas selladas, que comparte estacionamiento con la tienda de autopartes donde desapareció su hijo. Las llamadas que, durante un año, se hicieron desde los dos teléfonos celulares de su hijo y hasta la ubicación de los dos cajeros automáticos en los cuales se hicieron retiros bancarios con sus tarjetas. Pero no hizo nada, ni siquiera incluyó los datos en la averiguación previa 002/2009.

“Siempre nos preguntaban qué cosas nuevas habíamos investigado y muchas veces les dijimos: ‘Ustedes tienen que investigar; esa es su labor, no la nuestra’”, dice a Proceso esta mujer, que forma parte de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), que tiene 230 casos documentados en el estado de 2007 a enero de 2011.

Los cálculos preliminares del gobierno estatal arrojan que en el estado han desaparecido más de mil 600 personas durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Nosotros hacíamos esfuerzos sobrehumanos por obtener información: hicimos un análisis de las llamadas que salían del celular de mi hijo y se los llevábamos cada 10 días para mostrarles que estaban activos, que los recargaban, que tenían dados de alta como amigos a varios celulares; llevábamos estados de cuenta de tarjetas bancarias y les avisamos la semana en la que ininterrumpidamente se presentaron a sacar dinero. Nosotros estábamos esperanzados de que iban a poner a un agente encubierto a esperarlos, porque Monclova es una ciudad pequeña. Pero llegó el sábado y esos animales-infelices-desgraciados que habían sacado de 3 mil en 3 mil le sacaron los últimos 100 pesos que quedaban”, dice.

El asco, la desilusión, la indignación, la sensación de estafa es compartida por las familias que, como la suya, se dedicaron a juntar pistas que ayudaran a las autoridades a ubicar a sus seres queridos. Sin saber que tenían a los enemigos en casa.

La directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la Diócesis de Saltillo, Blanca Martínez, también asesora de Fuundec (hoy Fuundem, porque aglutina ahora a desaparecidos en todo México), informa que, ante la noticia reciente, las familias están desconcertadas e indignadas.

“Ya entendemos por qué estos años no se encontró a nadie a pesar de que la gente ha puesto información que no ha servido para nada.”

 Crece el desencanto

 La Fuundem programó varias asambleas regionales urgentes con el propósito de tomar una postura sobre ese caso. Sin embargo, queda claro que pedirán que se investigue al exgobernador Humberto Moreira que sostuvo a Jesús Torres Charles en el cargo a pesar de su negligencia.

“La primera desaparición fue hace cinco años y a la fecha no hay nada. Hay una clara responsabilidad, como mínimo, por omisión y muy probablemente una deliberación de no buscarlos, y eso implica responsabilidades institucionales y de estado. No dudamos que haya responsabilidades directas de funcionarios de alto nivel, como la subdelegada. Por eso vamos a pedir que se investigue al exfiscal, a todos los funcionarios involucrados en las presuntas investigaciones de los desaparecidos y, obviamente, al exgobernador Moreira”, señala Blanca Martínez.

Durante todo 2011, las familias establecieron mesas con funcionarios estatales y federales en las que participó la subdelegada Claudia González. “(Ella escuchó) todos los casos, dando su opinión, comprometiéndose con las familias a buscar a sus desaparecidos, diciendo –con un manejo emocional poco ético– que entendía a las madres de ellos por ser mujer”.

A raíz del anuncio de la semana antepasada de los vínculos de los dos exfuncionarios con Los Zetas, la desconfianza entre las familias se afianza.

“Desde que nos sentamos la primera vez con Moreira, en septiembre de 2010, una de las demandas de las familias era la renuncia de Torres Charles por sus claros actos de omisión en procurar justicia. El entonces gobernador hizo caso omiso y cuando dejó la gubernatura para irse como presidente del PRI todavía nos dijo: ‘Quédense tranquilas, aquí está el fiscal, él va a seguir buscando’”, dice Martínez.

A pesar del mal desempeño de Torres Charles como procurador estatal, el sucesor de Humberto Moreira, su hermano Rubén, lo nombró jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos, donde se vigilaban las nuevas leyes a aprobarse. En ese lapso se tipificó el delito de desaparición forzada que no cumple los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas.

“La definición está amañada para salirse por la tangente. Vamos pa’trás, dejaron muy ambiguos los castigos a los responsables directos del delito y la responsabilidad del estado para garantizar la justicia”, señala.

El desencanto no es nuevo. Conforme pasa el tiempo y las familias peregrinan de institución en institución para solicitar la búsqueda de sus seres queridos, se han ido dando cuenta de las complicidades entre autoridades y delincuentes. Sin embargo, hasta este momento se hizo explícito.

“Mucho tiempo confiamos en la palabra de esas personas que, dicen las noticias, están inmiscuidas. A nosotros Dios nos iluminó: el 27 de abril de 2009 nos dimos cuenta de que el fiscal no iba a hacer nada. Descubrimos que los nuevos datos que llevábamos, las sábanas telefónicas, las fotografías, no las incluía en la averiguación previa, aunque le dábamos todo en sus manos. Además nos paralizaba, diciéndonos que no buscáramos porque nuestro hijo corría peligro”, dice la madre de Jorge Antonio.

La familia del ingeniero decidió acudir a la PGR; hasta ahora la institución no ha avanzado en el caso de su hijo. La familia Robledo-Fernández y los demás miembros de Fuundec tuvieron pláticas con el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, con quien planeaban la creación de una fiscalía estatal que se dedicara a la búsqueda de los desaparecidos. Pero todo se interrumpió cuando él murió en el accidente aéreo con el secretario Francisco Blake Mora.

“Nos interesa que se investigue a estas personas que ahora son señaladas, porque puede ser el hilo de esta madeja tan dolorosa para nosotros”, dice la señora María Guadalupe.