Ni Peña Nieto
ni Gobernación actuaron, aunque sabían lo que se avecinaba/GLORIA LETICIA DÍAZ,
reportera.
Revista Proceso
No. 1981, 18 de octubre de 2014.
Mientras
el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, en particular el
procurador Jesús Murillo Karam, se enmarañan en su discurso exculpatorio sobre
la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el diputado perredista Carlos
de Jesús Alejandro declara a Proceso: por lo menos desde el primer trimestre de
2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas
sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen
organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero. Incluso
en ese marco se formó la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, pero no prosperó. Y reventó la violencia en Iguala…
Desde
su arribo a Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto lo supo: buena parte
del territorio guerrerense estaba sometido por células del narco. En algunas
regiones, le dijeron sus allegados, no podían entrar ni los representantes de
las dependencias federales.
Los
sucesos del pasado 26 de septiembre en Iguala, donde murieron varios
estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos y desaparecieron 43 de sus
compañeros, exacerbaron la crisis. Y aunque al principio el gobierno federal
intentó reducir el problema a una crisis local, Peña Nieto terminó por asumir
su responsabilidad, acicateado por la presión de los medios y organismos
internacionales.
Para
el diputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro, la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa, el descubrimiento de una veintena de fosas
clandestinas en Iguala, así como la declaración del titular de la Procuraduría
General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, de que los restos de 28
personas encontradas no corresponden a los jóvenes agredidos el 26 y 27 de
septiembre, ponen en evidencia omisiones que el gobierno federal no puede
eludir.
Oriundo
de Guerrero y consejero nacional de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la
Autonomía (ANIPA), De Jesús Alejandro comenta a Proceso que por lo menos desde
el primer trimestre de 2013 un grupo de legisladores, activistas sociales y
funcionarios federales alertaron al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el
grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de los
municipios y de las afectaciones directas al desarrollo de la entidad gobernada
por el perredista Ángel Aguirre Rivero.
Secretario
de las comisiones legislativas de Asuntos Indígenas, Agraria y Turismo, el
legislador relata: Frente a la incapacidad del gobierno estatal para enfrentar
la violencia “se crearon las policías comunitarias en varios municipios, que
tuvieron su máxima expresión en la Unión de Pueblo y Organizaciones del Estado
de Guerrero (UPOEG)”.
Fueron
integrantes de esa organización quienes descubrieron algunas de las fosas en su
búsqueda de los 43 normalistas, y en su momento advirtieron a la Secretaría de
Gobernación acerca de la ola criminal que azota a la entidad, dice a la
reportera el también fundador del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas
(CPNAB).
En
2013, cuenta, diputados federales recibieron en numerosas ocasiones a
representantes de la UPOEG, de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), autodefensas de la región de la Costa Grande y a
empresarios de la entidad para hablar sobre el problema y sobre el
involucramiento de los cuerpos policiacos municipales con grupos de la delincuencia
organizada.
Ellos
relataron a los legisladores que numerosos alcaldes estaban amenazados: los de
la región norte –Iguala, Cocula, Apaxtla, Cuetzala del Progreso–; los de nueve
municipios de Tierra Caliente; casi todos los de Costa Grande; los de la
Montaña Baja de Chilapa de Álvarez; de la zona Centro (Chilpancingo); de la
Costa Chica (Tierra Colorada); de Acapulco; de la zona de las Cañadas, como
Olinalá…
Describieron
incluso el modus operandi de las bandas delincuenciales: Una vez que los alcaldes
llegan al poder, en sus oficinas se presentan sicarios que les proponen pactos.
“Para garantizar la gobernabilidad –les dicen–, tienen que darles espacios en
la administración municipal, sobre todo en los de seguridad pública. Los
compañeros que vinieron nos contaban que en los pueblos había un clima de
zozobra, de temor hacia los presidentes municipales porque permitían a estos
grupos actuar libremente”.
Temores
y omisiones
De
Jesús Alejandro relata que la UPOEG se formó para diseñar e impulsar proyectos
productivos enfocados al desarrollo de las comunidades indígenas. Pero al
advertir la penetración de la delincuencia organizada, sus integrantes optaron
por planear estrategias para combatirla.
Agrega
que la Secretaría de Gobernación tenía conocimiento de ese estado de cosas,
pues varios miembros de la UPOEG, entre ellos Bruno Plácido Valerio, le
presentaron un informe. De ese acercamiento, recuerda el legislador
entrevistado, en febrero de 2013 nació la Comisión para la Armonía y Desarrollo
de los Pueblos Indígenas. Jaime Martínez Veloz quedó como interlocutor por
parte de las autoridades federales.
La
comisión, expone, “no tenía que ver sólo con la reconciliación y la seguridad
interna, sino también con la coordinación con los otros niveles de gobierno –el
estatal y el federal– para que entre todos se buscara la paz, armonía,
gobernabilidad, seguridad en las comunidades y posteriormente impulsar el
desarrollo de manera conjunta”.
Sin
embargo, el proyecto “fue abortado por los gobiernos federal y estatal.
Gobernación dejó de enviar a su representante, Martínez Veloz, quien no recibió
el acompañamiento ni el respaldo necesario; el gobierno del estado incluso lo
vetó”.
De
Jesús Alejandro sostiene que la situación de crisis humanitaria que vivía Guerrero
no sólo llegó a Gobernación por boca de Martínez Veloz; “Bruno (Plácido
Valerio) también se reunió con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Lo que
quería la UPOEG era trabajar en coordinación con las tropas del Ejército y la
Marina, así como con las corporaciones del estado, para recuperar el control de
la seguridad. Pero la relación se descompuso cuando la UPOEG hizo señalamientos
directos de (que había) altos mandos militares involucrados con el crimen
organizado.”
Esas
advertencias de la UPOEG, insiste, “pueden quedar en evidencia con lo que pasó
la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala, pues en esa ciudad tiene su sede
el 27 Batallón de Infantería. Y aunque está a unos metros del lugar donde se
desató la balacera, ningún militar actuó. ¿Acaso hubo una omisión deliberada?”
El
miércoles 8, durante la conferencia de prensa en la Ciudad de México previa a
la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, Omar García, uno de los
normalistas sobrevivientes, contó que la madrugada del 27 de septiembre,
después de que sus compañeros fueron rafagueados por segunda ocasión por
hombres vestidos de civil, llegaron miembros del Ejército y durante 40 minutos
sometieron a los sobrevivientes.
Les
quitaron sus celulares y pretendían acusarlos de allanamiento de morada, toda
vez que los jóvenes buscaban protección en casas vecinas. “Los capitanes o
comandantes nos dijeron que nos lo habíamos buscado (la agresión). Y aunque
vieron a varios heridos, no persiguieron a los perpetradores ni enviaron ayuda;
los dejaron a su suerte”, expuso García.
De
Jesús Alejandro prosigue su relato: “Las conjeturas que saco de la actitud de
los gobiernos federal y estatal para no atender en el seno de la Comisión los
temas que ocasionaron el crecimiento de las policías comunitarias, fueron sus
temores de que éstas se expandieran y pusieran en evidencia la
ingobernabilidad; incluso que pudiera constituirse una guerrilla en el estado
de Guerrero”.
Mientras
los trabajos de la comisión se mantenían congelados, en agosto de 2013 Aguirre
Rivero y las autoridades federales recurrieron a los militares para detener a
los policías comunitarios, entre ellos a Nestora Salgado, comandanta de la CRAC
de Olinalá, quien hoy está recluida en el penal de máxima seguridad de Tepic,
Nayarit.
Otros
testimonios
El
gobierno de Peña Nieto no sólo contaba con la información proporcionada por las
organizaciones sociales sobre la situación de emergencia en Guerrero.
Funcionarios
de dependencias federales sabían que detrás de la dilación de la entrega de
obras públicas estaban las extorsiones del crimen organizado. “Desde 2012
–cuenta De Jesús Alejandro– hemos etiquetado recursos para la construcción de
obras carreteras que comuniquen las comunidades desde 2012. Recientemente
pedimos cuentas a la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y nos
confesaron que no pudieron avanzar a causa de las amenazas de organizaciones
delictivas cuyos personeros les pidieron sus cuotas.
“Cuando
se negaban, los técnicos eran levantados para obligar a la dependencia a pagar.
Muchas empresas optaron por retirarse. Algunas obras están inconclusas; otras
ni siquiera se iniciaron.”
La
primera quincena de octubre, agrega, empleados de la constructora Coconal
fueron secuestrados en Tierra Caliente. Asimismo, los recursos programados para
la construcción de la carretera Iguala-Teloloapan-Arcelia-Altamirano
–presupuestada en 500 millones de pesos– no han podido ejecutarse.
Para
esa obra, los diputados federales guerrerenses consiguieron que para el
ejercicio fiscal 2013 se etiquetaran 70 millones de pesos, pero la SCT les
comunicó recientemente que sólo se ejercieron 34.11 millones; para 2014, se
etiquetaron 82 millones, de los cuales sólo se han ejercido 41.2 millones.
Abunda
el legislador: “Para la apertura, ampliación y pavimentación de un kilómetro de
carretera se requiere una inversión promedio de 5 millones de pesos. Sucede que
ahora la SCT está reduciendo las metas de construcción a la mitad, y el resto
de la inversión lo paga a la delincuencia organizada”.
Las
respuestas de la SCT “son inaceptables”, dice. Eso significa que la federación
conoce la impunidad con la que opera el crimen organizado en Guerrero, donde se
está deteniendo la inversión federal, pero no hace nada.
“No
puedo creer que este gobierno que favorece la inversión privada y extranjera no
sea capaz de dar garantías de seguridad para las empresas constructoras a las
que se les
El
titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu),
Jorge Carlos Ramírez Marín, organizó una conferencia de prensa en Chilpancingo
el 27 de mayo último para hablar sobre el problema.
El
retraso en el programa de reconstrucción, instrumentado tras los daños causados
por los huracanes Manuel e Ingrid en septiembre de 2013, se debía a “amenazas,
presiones, intentos de extorsión, algunas agresiones a personal” de empresas
constructoras, sobre todo en Tierra Caliente, y a que se habían interpuesto
seis denuncias ante la PGR y la procuraduría local, dijo Ramírez Marín.
De
Jesús Alejandro insiste: “Hay una omisión del gobierno federal porque tuvieron
información de la operación de estos grupos delincuenciales (por parte) de sus
propios funcionarios, que bien pudieron solicitar apoyo a las instituciones de
seguridad.
“No
sé por qué no pudo darse eso cuando altos funcionarios traen todo un aparato
para cuidar su seguridad personal y no vemos lo mismo para velar que los
recursos de la nación sean realmente invertidos para beneficio de la
ciudadanía.”
Sordera
en Los Pinos
Pese
a esas evidencias, Peña Nieto aseguró el 30 de septiembre en Coacalco, Estado
de México, que lo ocurrido en Iguala era un asunto local.
En
su primera referencia a la desaparición de los 43 normalistas, el expuso: “Es
muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que
tienen los propios gobiernos estatales.”
Pero
ante la reacción internacional por la agresión a los normalistas de Ayotzinapa
y las exigencias de organismos y organizaciones internacionales de que se
esclarecieran los hechos, Peña Nieto cambió su discurso.
El
lunes 6, en su mensaje al país desde Palacio Nacional, aseguró estar “indignado
y consternado”; en el Estado de derecho, dijo “no había espacio para la
impunidad”, y agregó que su gobierno colaboraría “en el ámbito de sus
responsabilidades” con el de Guerrero.
Dos
días después, desde Monterrey, ya no habló de los “jóvenes desaparecidos”. Se
centró en elogiar al gobernador de Nuevo León, su correligionario Rodrigo
Medina, a quien reconoció por su labor en materia de seguridad y de
coordinación con el gobierno federal; de manera elogiosa, comparó incluso a su
gobierno con otros donde había “señales de debilidad institucional”.
El
jueves 9, en Irapuato, Guanajuato, dejó entrever que los jóvenes guerrerenses
estaban muertos y en las fosas. Ya no mencionó la coordinación con el gobierno
de Aguirre sino que optó por destacar las instrucciones dadas al gabinete de
seguridad:
“Tenemos
que ir a profundidad y tope donde tope, llegar a los responsables, a aquellos
que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese
ocurrido en Iguala y que, lamentablemente, de confirmarse, jóvenes estudiantes
hubiesen perdido la vida.”
La
semana pasada, en sus apariciones públicas, se refirió a “los hechos de
Iguala”. Pero ya no habló de muertos sino de desaparecidos, y aunque destacó
las acciones del gabinete de seguridad, amplió la transferencia de
responsabilidades, que en un principio había atribuido sólo al gobierno de
Guerrero.
El
miércoles 15, por ejemplo, expuso: “Era un reto para el Estado y la sociedad”;
el jueves 16 anunció una redefinición del papel de los municipios en materia de
seguridad, y el viernes 17, en Torreón, Coahuila, puso como ejemplo de
eficiencia al gobernador Rubén Moreira Valdez, como lo hizo en Monterrey ante
Rodrigo Medina.
Y
mientras la prensa internacional informaba sobre la indignación desatada por la
agresión a los normalistas de Ayotzinapa y el Parlamento Europeo se
pronunciaba por condicionar los acuerdos con México, la Presidencia de la
República se dedicó dos noches seguidas –el jueves 16 y el viernes 17– a
presentar imágenes de Peña Nieto con su gabinete de seguridad, porque “la
prioridad” de su gobierno es encontrar a los 43 normalistas secuestrados. (Con
información de Arturo Rodríguez)
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