El
gobierno ve a la guerrilla detrás de las movilizaciones en Guerrero/EZEQUIEL
FLORES
Revista Proceso
No. 1981, 18 de octubre de 2014.
La
mayoría de estas acciones ya han sido propuestas por la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación (CETEG), encabezada por Reyes Ramón Guerrero, y
por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de
Oaxaca, que ya ha desplazado contingentes a Guerrero y tiene “fuerte vínculos
con el EPR”, dice el reporte.
Con
ese grupo armado también relaciona al Frente Amplio de Comunidades Marginadas
del Estado de Oaxaca, al Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y al Frente de Izquierda
Revolucionaria.
Según
esa información, en las movilizaciones en Guerrero también participa la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria dirigida
por Eliseo Villar Castillo, de quien dice “desde hace tiempo se le relaciona
con el ERPI”. Vinculado con ese mismo grupo armado señala a Manuel Olivares
Hernández, dirigente de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos
Humanos.
Menciona
también a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la
cual agrupa a estudiantes de todas las normales rurales del país. Como
organizaciones locales el documento menciona al Movimiento Popular Guerrerense,
del que dice está integrado por sindicatos y grupos sociales; entre ellos el
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero y los sindicatos
del Colegio de Bachilleres, de Trabajadores Académicos de la Universidad
Autónoma de Guerrero, del DIF y del Conalep.
Asegura
que también participa la Unidad Popular, organización fundada por Arturo
Hernández Cardona, de cuyo asesinato el año pasado se responsabiliza al
exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo.
“Resulta
preocupante la presencia y reactivación de organizaciones subversivas en este
movimiento”, dice el documento.
El
informe revisado por Proceso también habla del grupo de autodefensa de la Unión
de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, que tiene marcada presencia en
las regiones Montaña, Costa Chica, Acapulco y Centro, e incluye a grupos
comunitarios de Tixtla y Olinalá, cuyos líderes, Gonzalo Molina y Nestora
Salgado, están presos en cárceles de máxima seguridad, acusados de diversos
delitos por el gobierno federal.
La
convergencia en Guerrero de estos grupos enlistados por el documento de
inteligencia siguió al secuestro y desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa a manos de policías e integrantes del grupo delictivo Guerreros
Unidos.
Desde
septiembre de 2012 este semanario advirtió sobre los gobiernos paralelos que se
formaban en la entidad y documentó que los grupos caciquiles y del crimen
organizado imponían su ley en los municipios, a tal grado que ponían alcaldes a
placer o presionaban a ediles para que colocaran a sus personeros en puestos
clave, sobre todo los que tienen que ver con seguridad pública (Proceso 1873).
Este
cáncer no se queda en la esfera municipal; alcanza al gobernador Ángel Aguirre
Rivero, quien constantemente ha sido señalado por la prensa y la sociedad de
tener nexos con el narcotráfico por conducto de su presunto primo, el líder del
Cártel Independiente de Acapulco (CIA), Víctor Aguirre Garzón.
Ira
popular
El
caso Ayotzinapa ha provocado el surgimiento de expresiones de inconformidad
social donde convergen normalistas, el magisterio disidente, organizaciones
sociales y campesinas de izquierda, autodefensas, universitarios, empresarios y
ciudadanos que amenazan con paralizar la entidad en caso de que el gobierno
siga con su actitud indolente frente a la desaparición de estudiantes y omisa
con políticos ligados a la delincuencia.
La
muestra se dio esta semana, cuando anunciaron la toma de las 81 alcaldías de la
entidad así como de las casetas de peaje de la autopista del Sol y la
multitudinaria marcha pacífica del viernes 17 en Acapulco, que cimbró la
ventana turística de la entidad.
Este
plan de acción se definió el miércoles 15 en las instalaciones de la normal de
Ayotzinapa donde Reyes Ramos anunció la formación de la ANP, frente encabezado
por el magisterio disidente para respaldar las acciones de los estudiantes
víctimas de la narcopolítica.
Dos
días antes, el lunes 13, la ira de normalistas, padres de los desaparecidos y
cetegistas estalló en la capital guerrerense, donde quemaron parte del edificio
sede del gobierno estatal y el ayuntamiento capitalino.
Las
acciones de la ANP esta semana provocaron psicosis en las autoridades
municipales, las cuales ordenaron sacar documentación, muebles y equipo de
cómputo de los ayuntamientos. Según los líderes del movimiento, son ocho las
alcaldías ya en su poder.
En
respuesta, Aguirre Rivero anunció una estrategia para “garantizar la
protección” de la población y de los inmuebles, a los que se refirió como
“instalaciones estratégicas”, “bajo la consigna de no caer en confrontaciones
con los manifestantes”.
Para
ello pidió el apoyo de organizaciones de transportistas sospechosas de estar
vinculadas con el narco, a las cuales habilitó como grupos de choque para
resguardar edificios públicos en Chilpancingo y la exclusiva Zona Diamante de
Acapulco.
El
miércoles 15 la Agencia Proceso informó que los funcionarios estatales y
dirigentes transportistas Mario Torres Cerecero y Marco Antonio Oropeza Astudillo
convocaron a los taxistas de esta capital para asumir funciones ajenas a su
actividad. “La orden es partirle su madre a los ayotzinapos si regresan a hacer
desmadre”, dijo un chofer a este reportero.
El
taxista que accedió a hablar con este semanario a condición del anonimato
asegura que desde el martes 14 el gobierno de Aguirre está pagando 500 pesos a
cada chofer y ofreció liberar concesiones para que aceptaran resguardar
edificios gubernamentales y confrontar a los manifestantes.
A
las ofertas, dice, siguieron las amenazas de un hombre identificado como
Benjamín Rivas, El Peligro, presunto enlace del narcotráfico con los dirigentes
transportistas y funcionarios de la administración de Aguirre.
Presuntos
nexos
El
8 de septiembre de 2011 Proceso documentó en su página web los presuntos nexos
de Aguirre Rivero con el narco: En nota titulada Dobla Cártel de Sinaloa a
gobierno de Guerrero, se advierte que en un contexto donde políticos,
autoridades de los tres niveles de gobierno y jefes militares han sido acusados
de brindar protección a la estructura del extinto cártel de los Beltrán Leyva,
que durante más de una década dominó el corredor Acapulco-Cuernavaca, Aguirre
ha rechazado cualquier vínculo familiar con el narcotraficante y líder del CIA,
Víctor Aguirre Garzón.
En
su afán de rechazar cualquier relación con la delincuencia, el gobierno estatal
emprendió una ofensiva contra La Barredora, grupo que en ese momento mantenía
una férrea disputa con el CIA por el control de Acapulco. Esa confrontación obligó
a Aguirre a pedir una tregua a los grupos criminales que peleaban el tráfico y
comercio de droga en el estado.
El
anuncio gubernamental lo hizo el entonces procurador Alberto López Rosas, quien
durante la presentación pública de 16 sicarios al servicio de La Barredora
argumentó que las acciones violentas de las bandas estaban afectando “más que a
nadie a la población civil”.
En
respuesta La Barredora dijo que aceptarían una tregua “de tres meses” si el
gobernador se deslindaba o reconocía públicamente su relación familiar con
Aguirre Garzón. De lo contrario, amenazaron, ejecutarían a 50 miembros del CIA
y atentarían contra 10 funcionarios del gabinete.
En
comunicado distribuido el 23 de agosto de 2011 a varias redacciones de diarios
locales, la banda criminal al servicio del Cártel de Sinaloa se dirigió
irónicamente al gobernador guerrerense: “Para que tenga buena memoria”, le
recordaron que el padre del líder del CIA es “Don Artemio Aguirre”.
Primo
incómodo
De
acuerdo con informes periodísticos, los señalamientos de supuesta relación
familiar entre el Ejecutivo estatal y el líder del CIA datan de 2009, pero se
intensificaron en agosto de 2010.
La
primera ocasión en que se exhibió públicamente esa supuesta relación familiar
fue el 23 de septiembre de 2009, cuando aparecieron dos narcomantas en
distintos puntos de Acapulco.
El
mensaje decía que, cuando estuvo preso, Víctor Aguirre se asumió como primo
“del político Ángel Aguirre Rivero” –entonces senador–, por lo cual
presuntamente tenía protección oficial.
La
segunda vez en que se vinculó a Aguirre Rivero con el líder del CIA fue el 27
de enero de 2011, siendo candidato de la izquierda a la gubernatura de
Guerrero, con dos narcomantas colgadas en zonas públicas de Acapulco.
El
11 de abril de ese año, seis días después de que un grupo armado incendiara el
Acatianguis, comerciantes bloquearon el bulevar Vicente Guerrero,
responsabilizaron al CIA del siniestro y le exigieron al gobernador que
detuviera “a su primo” Víctor Aguirre.
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