El PRI abarata el caso Tlatlaya en San Lázaro

Revista Proceso No. 1981, 18 de octubre de 2014

El PRI abarata el caso Tlatlaya en San Lázaro/JESUSA CERVANTES

Los actores involucrados en los últimos dos casos de violaciones graves a los derechos humanos en México, Tlatlaya y Ayotzinapa –es posible que al final las autoridades determinen que se trató de “ejecuciones sumarias” y “desapariciones forzadas”–, llevaron al Legislativo a asumir “un doble tratamiento”, retrasando con ello la coadyuvancia.

El martes 14, al inicio de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía Berdeja, del partido Movimiento Ciudadano (MC), manifestó en tribuna su descontento porque, dijo, se actúa con un doble rasero, mientras que su colega Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigió a los priistas un “trámite inmediato” al caso de Tlatlaya, aunque ello implique investigar a las autoridades priistas del Estado de México y la actuación del Ejército.

El pasado 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, 22 jóvenes presuntamente vinculados con el crimen organizado murieron entre las 4 y 5:30 de la madrugada a manos de una brigada del Batallón 102 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según el comunicado difundido por la dependencia, las muertes ocurrieron durante “un enfrentamiento” con los militares. El 8 de julio –ocho días después–, Associated Press publicó una versión diferente. Pero el 19 de septiembre, cuando los portales electrónicos de Esquire y Proceso confirmaron la versión de la agencia a partir de una investigación realizada por la primera revista, el caso se difundió en medios de todo el mundo y circuló por las redes sociales.

 La indignación fue tal que organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto investigar el asunto ante la presunción de que en la bodega de San Pedro Limón se perpetró una ejecución sumaria. El 30 de septiembre, en San Lázaro, los diputados aprobaron crear “un grupo de trabajo” que coadyuve con las autoridades competentes en la solución del caso.

 Una semana antes, el 24 de septiembre, el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, informó a los legisladores que la dependencia ya lo había atraído por considerarlo “un asunto bastante complejo”.

 A tres semanas de su creación, dicho grupo aún no avala su plan de trabajo, en el cual destaca la propuesta de pedir a “peritos internacionales” una revisión de todas las pruebas para determinar si hubo “ejecuciones sumarias”.

 El martes 14, al inicio de la sesión legislativa, Mejía Berdeja demandó que de una vez por todas se instalara el grupo. “Vemos que hay doble tratamiento. Avanza afortunadamente el trabajo de Iguala… pero también debe avanzar el grupo de trabajo de Tlatlaya”, dijo el diputado de MC.

 El perredista López Suárez reclamó a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la priista Miriam Cárdenas Cantú, por el hecho de que aún no se instalaba el grupo para el caso Tlatlaya: “¿Por qué cuando se trata de gobernadores de oposición involucrados se le da celeridad a los trabajos de las comisiones, y cuando se trata del PRI o del Ejército la orden es retrasar las cosas?”.

 La molestia de López Suárez se debe a que la comisión presidida por Cárdenas Cantú –legisladora que supuestamente aspira a suceder a Raúl Plascencia Villanueva en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– y la de Justicia quedaron en manos del PRI, pese a que fue el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, quien propuso la creación de una comisión especial e incluso sugirió a su correligionaria Elena Tapia Fonllem para encabezarla.

 En el caso Tlatlaya, las investigaciones apuntan directamente la responsabilidad de la Sedena y el gobierno del Estado de México, al frente del cual está el priista Eruviel Ávila Villegas. Ambas instancias sostienen que se trató de un “enfrentamiento”.

 Argucias parlamentarias

La displicencia de los legisladores en el caso Tlatlaya contrasta con la celeridad de la comisión especial del caso Ayotzinapa, Guerrero, entidad gobernada por el perredista Ángel Aguirre; incluso ya hubo encuentros con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el propio mandatario.

El 30 de septiembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la conformación del grupo de trabajo para el caso Tlatlaya, pero se negó a integrar una comisión especial.

Ya desde el 18 de ese mes –cuando el PAN propuso crear una comisión especial para investigar la construcción del nuevo aeropuerto–, el PRI se negó. Su argumento fue que no se aceptaría ni una comisión especial más, pues el reglamento de la Cámara de Diputados prohíbe que existan más de la mitad de las comisiones ordinarias.

Y explicó la diferencia entre una comisión y un grupo de trabajo. Éste, dijo, sólo puede “coadyuvar” con las autoridades, mientras que una comisión especial puede solicitar expedientes al Ministerio Público, así como exigir información a todas las autoridades involucradas y reunirse con ellas. Y agregó: su función es “investigar”; la del grupo especial es “colaborar”.

El 30 de septiembre, cuando se avaló la creación del grupo de trabajo, ningún priista subió a tribuna a defender su creación. El martes 7, fecha en la que el pleno se pronunció a favor de la comisión especial para el caso de Iguala, la priista Cárdenas Cantú subió a tribuna y se lanzó contra las autoridades de Guerrero. Dijo también que su partido, el PRI, rechaza las violaciones flagrantes a los derechos humanos:

“Esta sociedad mexicana ha atestiguado etapas de violencia que, por supuesto, son inaceptables. Pero esta masacre acaecida en Guerrero, donde las víctimas eran estudiantes de la normal rural –los más pobres de la región que con la aquiescencia y participación de la Policía Municipal fueron torturados, desmembrados y asesinados con saña y crueldad inaudita–, es un hecho sin precedentes que nos indigna y ante el cual no se puede permanecer silente, y se debe exigir que no quede impune”.

El miércoles 15, la Comisión de Derechos Humanos se reunió con integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que encabeza Jaime Rochín del Rincón. Cárdenas Cantú no hizo ni una sola pregunta sobre el tema, pese a que el consejero presidente detalló que desde el primer día del ataque y desaparición de los estudiantes de la normal rural –el 26 de septiembre– ha estado en contacto con las madres de las víctimas y los sobrevivientes.

El excesivo interés de los diputados del PRI por aclarar la agresión y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es secundado por el PAN. El mismo día que se avaló la creación de la comisión especial, su presidente, Guillermo Anaya, convocó para que esa instancia quedara formalmente instalada al día siguiente. En el caso de Tlatlaya, tuvieron que pasar dos semanas desde el anuncio de su constitución debido a que el PRI no definía quién se encargaría de cuestionar al Ejército y al gobierno de Eruviel Ávila.