Revista
Proceso No. 1999, 21 de febrero de
2015/
Osorio Chong
favorece a casineros de Hidalgo/ÁLVARO DELGADO
El
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a “poner
orden” en un rubro que dio lugar a escándalos de corrupción y tráfico de
influencias en los gobiernos de Fox y Calderón. Así, el 3 de diciembre la
Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Juegos y Sorteos, actualmente
congelada en el Senado. Pero 10 días antes, el 24 de noviembre, la dependencia
federal otorgó los primeros siete permisos de esta administración a casineros
relacionados con priistas del estado de Hidalgo cercanos a Osorio Chong.
Diputado
local con licencia y expresidente del PRI en Pachuca, Bejos Nicolás fue
diputado federal suplente de Osorio Chong en la elección federal de 2003, y
asumió como propietario cuando éste contendió por la gubernatura de Hidalgo en
2005.
La
esposa de Bejos Nicolás y tía de José Antonio Haua, Arlene Haua Murbatián
–conocida como La Chule–, es suplente del presidente municipal de Pachuca,
Eleazar García, tiene dos décadas de militante del PRI y desde 2002 forma parte
del Organismo de Mujeres de ese partido (OMPRI).
Haua
Maauad es además primo del secretario de Desarrollo Económico, José Pablo
Maauad Pontón, hijo del prominente empresario José David Maauad Abud,
presidente del Consejo Consultivo de Nacional Financiera (Nafin) en Hidalgo,
desde que el actual secretario de Gobernación era gobernador.
Los
hermanos Anuar y Tufin Haua Maauad trabajan también para la empresa Pur Umazal
Tov, S.A. de C.V., creada en agosto del año pasado –tres meses antes de obtener
los permisos– y cuyos accionistas, además de José Antonio, son Jacobo y Moisés
Shemaria Capuano, propietarios de la Plaza Galerías, de Pachuca, y de La
Forchetta, lujoso restaurante de esa capital.
Originarios
de Guadalajara, Jalisco, los hermanos Shemaria Capuano encabezan el grupo
empresarial BH Development Group (BHDG), con sedes en el Distrito Federal y
Miami, Florida, que, además de participar en la industria del juego, se dedica
a negocios como la generación de energía renovable para Centro y Norteamérica.
Bajo
sospecha
Los
señalamientos de nexos de los primeros permisionarios de casinos en el gobierno
de Peña Nieto con políticos priistas no son nuevos. En mayo de 2013, por
ejemplo, Elportalenred.com, medio digital de Pachuca, publicó un reportaje
titulado Casinos en Hidalgo: trampas, irregularidades y tráfico de influencias.
Decía:
“La
instalación de casinos en los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma y
Tulancingo ha dejado más dudas que certezas, principalmente por la identidad de
sus legítimos propietarios, entre los que se menciona al actual candidato del
PRI a diputado local Alfredo Bejos Nicolás e incluso al controvertido exalcalde
de Tijuana Jorge Hank Rhon, quien a través de prestanombres estaría operando un
bingo en la capital hidalguense.”
Recordó
que, durante el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto, de 1999 a 2005, el
entonces secretario de Turismo, Joel Guerrero Juárez –actual titular de
Educación– informó que Hank Rhon pretendía invertir en Pachuca 15 millones de
pesos para abrir un casino, que supuestamente ya estaba autorizado.
“Tres
años después, WinPot abrió sus puertas en Pachuca, y como gerente fue nombrado
el sobrino de Alfredo Bejos, actual candidato del PRI a diputado local por
Pachuca”, apuntó el reportaje en referencia a Haua Maauad.
Apenas
en diciembre, tras el cierre de ese y otros casinos, el columnista Leonardo
Herrera escribió en La crónica de Hidalgo que “entre las irregularidades
encontradas están el origen del dinero y los verdaderos propietarios de éstos,
y aunque en el caso de Pachuca se adjudica al empresario José Antonio Haua
Maauad, dicen que uno de los propietarios es el actual secretario de Desarrollo
Económico, José Pablo Maauad”.
Y
añadió: “Por cierto, la investigación de los permisos y las facilidades con las
que se dieron llegó hasta el actual secretario de Educación, Joel Guerrero, cuando
éste fungía como director de Turismo (sic)”.
WinPot
de Pachuca es uno de los 26 casinos propiedad de los hermanos Shemaria Capuano
que debieron cerrar el pasado 24 de octubre, cuando la directora general de
Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Marcela González Salas,
revocó el permiso a Megasport, del que eran sólo operadores.
Y
aunque ya no tienen 26 establecimientos –algunos de cuyos locales han puesto a
la venta–, los siete que obtuvieron ya como permisionarios les garantizan todas
las ganancias para ellos solos y no los mínimos porcentajes que solían percibir
como operadores.
Buenos
muchachos
Originarios
de Guadalajara, miembros de una familia dedicada a la industria de la piel, los
hermanos Shemaria Capuano incursionaron en los ochenta en el negocio de los
videojuegos, con Diversiones Moy –una franquicia que opera en varios países–,
que luego los condujo a los centros de apuestas, en los cuales emplean a unas 3
mil personas.
En
la industria del juego era sabido que la Secretaría de Gobernación pretendía
revocarle a la empresa Cía. Operadora Megasport, S.A. de C.V., el permiso que
obtuvo del gobierno de Ernesto Zedillo para operar –durante 38 años– hasta 96
casinos, aunque sólo lo hacía en 42, 26 de ellos a través de Haua Maaudad, de origen
libanés, y los hermanos Shemaria, de ascendencia judía.
La
revocación a Megasport, representada por Luis Espinosa Delgado, con domicilio
en Monterrey, Nuevo León, se produjo el 24 de octubre y le fue notificada el 6
de noviembre, luego de que la Secretaría de Gobernación aseguró que fue
falsificado el oficio para autorizar el funcionamiento del Casino 777 Fortuna,
en Ixtapaluca, Estado de México.
Y
es que la alcaldesa priista Maricela Serrano, militante también de la
organización Antorcha Campesina y conocida de González Salas, negó haber
firmado el oficio fechado en febrero de 2014 para el funcionamiento del casino
en la plaza comercial El Cortijo, ubicada sobre la carretera México-Cuautla.
Fue
así que, un mes después de la revocación del permiso a Megasport, el 24 de
noviembre Marcela González Salas y Petricioli otorgó los siete permisos a la
empresa de los hermanos Shemaria Capuano, Pur Umazal Tov, S.A. de C.V.,
constituida el 28 de agosto en Guadalajara.
Según
el acta constitutiva, registrada el 28 de agosto de 2014 ante el notario
público 130 de Guadalajara, Roberto Armando Orozco Alonzo, los únicos
accionistas y beneficiarios de la empresa son José Antonio Haua Maauad y los
hermanos Moisés y Jacobo Shemaria Capuano.
Cada
uno de los siete permisos tiene una vigencia de sólo 10 años, como lo propone
la nueva Ley de Juegos y Sorteos, aprobada por mayoría en la Cámara de
Diputados apenas 10 días después de esa decisión y que está congelada en el
Senado.
Opacidad
y ocultamiento
La
única explicación pública que ha dado la Secretaría de Gobernación sobre los
nuevos siete permisos para casinos, los primeros en el sexenio de Peña, es que
se trata de empresarios serios que cumplieron con los requisitos.
“¿Quiénes
son ellos? Ellos eran operadores eficientes con un perfecto historial
administrativo y crediticio, pero que trabajaban al amparo de Megasport”,
explicó González Salas, quien ha omitido los nexos con personajes priistas de
Hidalgo y allegados a Osorio Chong.
Desde
el 3 de febrero, Proceso le solicitó a la funcionaria una entrevista para
hablar al respecto, pero adujo que debía pedir permiso a la Dirección de
Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, a la que también se le
hizo la petición formal. No ha habido respuesta de ninguna de las dos partes.
Oficial
mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto cuando Carlos Salinas era
el titular, diputada federal del PRI en 1988, González Salas y Petricioli
emigró al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, en 2003, fue diputada
federal y presidenta de la Cámara de Diputados.
De
regreso al priismo, y luego de que no logró ser consejera del naciente
Instituto Nacional Electoral (INE), la funcionaria aspira a ser diputada
federal, otra vez como priista, por lo que se prevé que deje la dirección de
Juegos y Sorteos con una agenda de pendientes.
Uno
de esos pendientes es el litigio de Megasport contra la decisión de la
Secretaría de Gobernación de revocarle el permiso, cuyo desenlace es incierto.
Pero ya le infligió una primera derrota a la dependencia federal: logró una
suspensión provisional y luego una
definitiva contra su decisión.
En
efecto, el magistrado Gustavo Ruiz Padilla, de la Primera Sala Regional Hidalgo
México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concedió a
Megasport la suspensión provisional y definitiva de la revocación del permiso
–de los que el reportero tiene copia–, cuyo fondo aún está pendiente.
Según
expertos, si efectivamente se falsificó el documento para la apertura de un
establecimiento, la sanción correspondía sólo a éste y a la operadora, pero no
al permisionario y a todas las empresas operadoras, incluida las de los
hermanos Shemaria Capuano.
Este
episodio es el más reciente en el negocio de los casinos, al que Osorio Chong
se comprometió a poner orden y a trasparentar desde el inicio del gobierno, en
enero de 2013, en medio del escándalo de permisos entregados por Calderón al
final del sexenio.
“Nosotros
no venimos a tapar absolutamente nada, ni la información a la que se tiene
derecho a tener por parte de todos”, ofreció, pero pasaron los meses y no hubo
la información prometida.
Un
año después, en enero de 2014, reiteró ante senadores priistas y del Partido
Verde que transparentaría la industria del juego, en especial cómo se
entregaron los permisos en las administraciones pasadas. Lo único que ha pasado
es la entrega de los primeros permisos del sexenio a empresarios que tienen
nexos con él.
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