Complicidad
entre jueces civiles y militares//LUCIANO CAMPOS GARZA
En
Nuevo León, según los registros de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a
los Derechos Humanos, se acumulan los casos de ejecuciones, desapariciones
forzadas y tortura que implican a las Fuerzas Armadas. Pero en los últimos años
no se ha sancionado a ninguno de los implicados, sostienen el abogado de esa
organización y los familiares de los agraviados. Les preocupa que se proteja a
las autoridades castrenses. Los excesos, dicen, pretenden cubrirse con
complicidades de jueces y estrategias dilatorias en los juzgados.
La
demora de casi tres años y medio para sentenciar a los asesinos de Jorge
obedece a una consigna del gobierno federal para darle impunidad a los cinco
homicidas, “aun cuando ya fueron identificados y juzgados como culpables”,
sostiene el doctor Otilio Cantú González, padre de Jorge.
Entre
2010 y 2011 hubo por lo menos ocho casos de violaciones a los derechos humanos
de civiles por las Fuerzas Armadas en la entidad.
Alejandro
Sánchez Gómez, miembro del equipo jurídico de la asociación civil Ciudadanos en
Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), lleva siete casos en los cuales están
involucrados marinos y militares, incluidos el asesinato de dos estudiantes en
el campus del Tecnológico de Monterrey y de una pareja durante el fuego cruzado
en las inmediaciones de una empresa en el municipio de Anáhuac.
Ambos
incidentes ocurrieron en 2010 con días de diferencia y en ellos estuvieron
implicados soldados. Hay una tendencia a la impunidad, pues no es normal que a
cuatro años todavía no haya sentencia, comenta el abogado.
Por
su experiencia de los últimos años, Sánchez Gómez se muestra escéptico ante el
anuncio del arresto de soldados implicados en la ejecución de 21 personas el 30
de junio último en Tlatlaya, Estado de México. Comenta que en ese caso habrá
impunidad, ya que a las autoridades castrenses les incomoda que se enjuicie a
sus tropas.
Procesos
sin sentencia
El
homicidio de Cantú Cantú, de 29 años, ocurrió la madrugada del 18 de abril de
2011, cuando circulaba en su camioneta por las calles Lázaro Cárdenas y San
Blas, en la colonia Valle de las Brisas, en el sur de la ciudad.
Hacía
poco que había regresado de su luna de miel y reiniciaba sus actividades
profesionales. Ese día, una partida de 20 soldados del Grupo Caimán
–habilitados por las autoridades estatales como policías preventivos y
adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública– persiguió el vehículo y lo
acribillaron. Jorge Otilio recibió cinco tiros en la cabeza a menos de 70
centímetros.
El
juez sexto de lo penal, Rafael Rodríguez Cruz, halló culpables a los soldados
Roberto Guadalupe Rodríguez Aldama y José Manuel Dolores Luna del delito de
homicidio calificado por ventaja (expediente 179/2013, fechado el 15 de agosto
de 2013), comenta Cantú González a Proceso.
En
el documento, Rodríguez Aldama y otro militar, Roberto de Jesús Mellado,
aparecen como responsables por delitos contra la administración de la justicia
cometido por servidores públicos, en la modalidad de alterar indicios o
vestigios delictuosos.
Además,
según información del padre de Jorge Otilio, en la toca penal 187/2013, fechada
el 30 de septiembre de ese mismo año, fueron responsabilizados de homicidio
calificado por ventaja Rubén García Díaz, Lorenzo Heraclio Moreno y Francisco
Pérez Pérez, a quienes se les ratificó el auto de formal prisión.
En
otro expediente –el 178/2013, del 2 de octubre 2013–, Carlos Fidel Flores
Ábrego se sumó a la lista de inculpados por delitos contra la administración de
la justicia por alterar evidencias. No obstante, está libre bajo caución,
sostiene el doctor Cantú.
En
su alegato, los soldados implicados comentaron que confundieron a Jorge Otilio
con un pistolero. Hoy, a tres años y seis meses de los hechos, aún no son
sentenciados. El doctor Cantú teme que la prolongación del juicio, motivada por
amparos interpuestos por los procesados, pueda terminar en impunidad para los
responsables.
El
expediente, dice, ha cambiado de manos y escritorios numerosas veces. El 14 de
febrero último, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura determinó que el caso
de Jorge Otilio fuera enviado al Quinto Tribunal Unitario, con sede en
Guanajuato, para que lo valorara el magistrado Rafael Rojas Licea.
Y
cuando el doctor Cantú pensó que ahí se determinaría quién dictaría sentencia,
se enteró de que el caso fue reenviado a Monterrey, donde un tribunal colegiado
federal –el cual revisa otro amparo– lo está analizando.
“Lo
único que están haciendo es dilatar y dilatar. No los quieren sentenciar. Esa
es la verdad. (Los militares) son homicidas calificados, y si no los
sentencian, de repente los sacan. Me voy a morir y a lo mejor nunca voy a ver
la sentencia, pero yo voy a seguir luchando. A mí no me detienen por nada”,
afirma.
Desapariciones
e impunidad
Desde
2010 CADHAC da seguimiento a siete casos que implican a nueve efectivos de las
Fuerzas Armadas: Tres desapariciones forzadas, perpetradas por marinos; tres
ejecuciones extrajudiciales, dos de las cuales fueron perpetradas por militares
y otra por marinos, y un caso de tortura atribuido a tropas del Ejército.
En
todos los casos, los agentes investigadores son civiles del fuero federal y han
empantanado las indagatorias, por lo cual hasta ahora no hay ninguna
consignación.
El
abogado Alejandro Sánchez hace el recuento: El 12 de noviembre de 2010 Jehú
Abraham Sepúlveda Garza, de 24 años, fue detenido en el municipio de San Pedro
por policías municipales. Lo entregaron a efectivos de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI), quienes a su vez lo entregaron a un grupo de marinos.
Desde
entonces el joven desapareció. Su caso quedó integrado en la averiguación
previa penal AP/PGR/SDHAVCS/M9/59/2013, que lleva el Ministerio Público
federal. En cuatro años las indagatorias aún no terminan, por lo que se
desconoce cuántos efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) están
implicados.
Sólo
fueron aprehendidos cuatro agentes de la AEI por la privación ilegal de la
libertad de Jehú, pero obtuvieron un amparo y salieron libres.
La
esposa y la madre de Jehú –Janneth de Jesús Olazarán Balderas y María Elva
Garza Ríos, respectivamente– demandaron ante tribunales federales la
inconstitucionalidad de la sentencia dictada por la Sexta Sala del Tribunal
Superior de Justicia del Estado para confirmar el auto de libertad que había
otorgado el juez tercero de lo penal a favor de quienes habrían perpetrado el
delito de desaparición forzada de Jehú.
El
19 de diciembre de 2013, el juez sexto de distrito en materia penal de Nuevo
León concedió protección a Olazarán Balderas y Garza Ríos para que fuera
revisado el auto de libertad a los cuatro agentes de la AEI. Hasta ahora se
desconoce el resultado de la revisión de la sentencia.
Otro
caso en el que están implicados marinos es el de Jorge Humberto Márquez Compeán
y Marcelo Adrián Lucio Barajas, presuntos narcomenudistas capturados por
policías municipales de Santa Catarina el 21 de octubre de 2010 en esa
localidad.
Cuando
Márquez y Lucio eran trasladados al ayuntamiento, supuestos cómplices suyos
intentaron rescatarlos. Se desató una balacera en la cual murieron dos
oficiales santacatarinenses, mientras que Lucio; el director de Tránsito,
Antonio Marroquín Martínez, y dos civiles resultaron heridos.
Poco
después llegó al lugar un helicóptero de la Semar para trasladar a los heridos
al Hospital Universitario, así como a los dos presuntos narcomenudistas.
Cuatro
días después, el 25 de octubre, fue localizado el cadáver de Márquez Compeán en
un terreno baldío de San Nicolás, con huellas de tortura. Lucio apareció días
después, acompañado de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
pues, dijo, temía por su integridad.
La
Semar se deslindó de los hechos. Declaró que su función en ese caso fue
respaldar a los policías municipales y trasladar en helicóptero a los heridos y
a un detenido el 21 de octubre de 2010.
Meses
después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 34/2011 en la cual
señala que si bien no se sabe quién torturó y privó de la vida a Márquez, la
Semar era responsable de su seguridad, pues lo transportó en la aeronave.
El
expediente sobre la ejecución de Márquez (AP/PGR/NL/DCSP/-1/633-B/2013),
radicado en la delegación de la Procuraduría General de la República de Nuevo
León, está empantanado.
Un
caso más de desaparición forzada documentado por CADHAC el 28 de junio de 2011
es el de René Asael Jasso Maldonado, detenido por personal de la Semar en el
municipio de Sabinas. Según las investigaciones, los marinos catearon su casa y
se lo llevaron. Su expediente es el AP/PGR/NL/ESC/ AMPFDF/063/D/2014. Hasta
ahora nadie ha sido consignado.
Los
casos más sonados
Las
ejecuciones extrajudiciales más connotadas de los últimos años son las de los
estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo,
perpetradas por soldados dentro del campus del Tecnológico de Monterrey la
noche del 19 de marzo de 2010.
Hasta
donde se sabe, sólo un militar ha sido sometido a juicio por ese delito. Los
padres de Jorge Antonio fueron notificados en febrero de 2013 de que un soldado
enfrentaba los cargos de alteración de la escena; sin embargo, en abril de ese
año fue absuelto, según el expediente AP/PGR/DGCAP/DF/027/2010.
Otro
caso sucedió en la colonia Jardines de San Andrés, municipio de Apodaca. A la
una de la madrugada del 1 de septiembre de 2011 tocaron a la puerta de la casa
de Gustavo Acosta Luján. Cuando éste abrió, un marino lo empujó y le disparó en
la cabeza. Su padre observó la ejecución, explica el abogado de CADHAC.
Daniel,
hermano de Gustavo, declaró que varios marinos ingresaron a la casa y lo
encapucharon. Luego le colocaron un fusil en las manos, para simular que había
utilizado uno. Las pruebas periciales demostraron que no accionó ningún arma de
fuego, según consta en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDF/M4/642011.
La
lista de agravios sigue. El 3 de marzo de 2010 Rocío Lomelí Elías Garza y su
esposo Juan Carlos Peña Chavarría, ambos de 29 años, salieron de las oficinas
de la empresa Delphi, donde trabajaban, para comer. Iban en su auto cuando se
desató un tiroteo entre soldados y un grupo de delincuentes. La pareja quedó en
medio del fuego. Testimonios indican que al descender del vehículo para
protegerse, recibieron varios impactos.
El
abogado de CADHAC explica que en ese caso, ocurrido en el municipio de Anáhuac
y consignado con el número 92/2012 en el Juzgado Primero de Distrito de Nuevo
León, hay tres soldados procesados por simulación de inexistencia de pruebas e
infracción a deberes comunes a todos los que son obligados a servir en el
Ejército.
A
uno de ellos se le acusó también de homicidio, por lo que fue enviado a una
prisión militar de la Ciudad de México; sus dos compañeros están en libertad
bajo caución.
El
caso de tortura, aún impune, es el de José Antonio Carreón Garza. De acuerdo
con el registro de CADHAC, el 25 de septiembre de 2011 Carreón intentaba
comprar droga cuando soldados le dispararon en el estómago y lo arrestaron.
Carreón
sobrevivió y hoy está procesado por delitos contra la salud. Sin embargo,
presentó una denuncia por abuso de autoridad y tortura contras los soldados. Su
caso quedó registrado en la carpeta AC/PGR/NL/ECFP/462014AP/487/2014. La
investigación sigue abierta.
Para
el abogado de CADHAC todos esos casos evidencian una inactividad procesal por
indeterminación de las competencias entre el fuero militar y el civil. Es bajo
este último, dice, donde se llevan los procesos.
“Una
constante es que tenemos hechos de tres o cuatro años. Los avances han sido
poco significativos, lo que nos revela impunidad; observamos protección a las
Fuerzas Armadas por parte de la autoridad, pues no hay castigo para los
inculpados. Hasta hoy no se ha sentenciado a ninguna persona”, comenta.
En
el contexto de la impunidad sistemática el abogado Sánchez Gómez observa que la
autoridad federal ha actuado con celeridad en el caso de la matanza de
Tlatlaya, que implica a tropas del Ejército, aunque ello no garantiza que la
justicia sea debidamente impartida.
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