Revista
Proceso No. 1986, 1 de noviembre de
2014.
Y
el nuevo gobernador llega a negociar/JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
El
nombramiento de Salvador Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino de
Guerrero causó malestar entre oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional
por los nexos que tuvo con las guerrillas mexicana y colombiana. No obstante,
otros consideran que la designación de quien fuera secretario general de la
Universidad Autónoma de Guerrero es un mensaje del gobierno federal para evitar
un rebrote insurgente. En entrevista con Proceso, algunos militares recuerdan
que en su sexenio Felipe Calderón hizo una maniobra similar por medio del
general Tomás Ángeles Dauahare para negociar una tregua con los grupos
subversivos.
Advertido
sobre la reactivación de la guerrilla en la entidad, el gobierno de Enrique
Peña Nieto terminó por acercarse a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG),
en un intento por contener la participación de grupos armados en el imparable
reclamo social por los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos
en Iguala.
Esa
decisión no cayó nada bien en círculos del Ejército por los alegados
antecedentes del gobernador interino, Salvador Rogelio Ortega Martínez, con la
guerrilla en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
aunque en el entorno presidencial se asegura que la apuesta por el exsecretario
general de la UAG busca tender puentes con los movimientos radicales ante la
falta de liderazgos políticos en el estado.
En
entrevista con Proceso, los militares revelan que tras los atentados del
Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra ductos de Pemex, entre mayo y
septiembre de 2007 en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, el entonces presidente
Felipe Calderón le pidió a su secretario de la Defensa, el divisionario
Guillermo Galván, que el entonces subsecretario de la Defensa Nacional, el
también general de división Tomás Ángeles Dauahare, entrara en contacto con el
EPR para negociar una tregua a sus acciones violentas.
“Dígale
al general Tomás Ángeles que entable negociaciones con el EPR”, refieren sobre
la orden de Calderón al entonces titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional. El entonces presidente quería evitar que la guerrilla contaminara con
más atentados su guerra al narcotráfico.
Precisan
que el general ahora retirado se reunió con Felipe Canseco Cruz, al que
identifican como brazo político del EPR, y los comandantes Ítalo y Hermenegildo
para decirles que el gobierno federal no estaba involucrado en la desaparición
de dos de sus dirigentes en Oaxaca ese mismo año. El objetivo se logró, durante
todo el sexenio no hubo más atentados guerrilleros, observan.
El
general Ángeles confirmó en julio de 2012, en una entrevista desde la prisión
con Carmen Aristegui en MVS Radio, que sí fue negociador con el EPR, aunque
evitó precisar que fue por órdenes directas de Calderón.
“Yo
recibí la orden de hacer una interlocución con el EPR. Se empezó a trabajar en
ello (e) incorporé al director del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, a cargo entonces de Guillermo Valdés) porque había necesidad de algún
órgano político; qué mejor que él que tenía una estrecha relación con el
presidente y a través de él se podían manejar muchas cosas”, declaró en la
entrevista.
Las
fuentes militares aseguran que con la aceptación de Ortega Martínez como
gobernador interino, Peña Nieto tomó una decisión similar a la de Calderón para
no actuar contra el movimiento guerrillero por los atentados contra Pemex: “Así
como el expresidente quiso demostrarles que su gobierno no tuvo nada que ver
con la desaparición de dos de sus dirigentes, ahora el presidente Peña Nieto
quiere demostrar que no tiene ninguna vinculación con la desaparición de los 43
normalistas”.
Aunque
el Ejército ha sido cuestionado por lo menos por su omisión en momentos en que
los normalistas eran reprimidos por la policía de Iguala en contubernio con el
grupo delictivo Guerreros Unidos, insisten en trazar paralelismos con el
gobierno de Calderón.
Consideran
que lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa ha sido tomado por los grupos
guerrilleros como “el inicio de una campaña de aniquilación” del gobierno
federal en su contra, “debido a la presencia que tienen en la normal rural Raúl
Isidro Burgos”, por lo que ante el temor de una ola de atentados peor que la de
2007 en Los Pinos se optó por apoyar a Ortega Martínez.
Acciones
preventivas
El
aparato de inteligencia le advirtió al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la
reactivación de las organizaciones subversivas en Guerrero. En un reporte
fechado el 15 de octubre último, casi tres semanas después de la desaparición
de los estudiantes de Ayotzinapa, identificó a las organizaciones y dirigentes
que se estaba aglutinando en torno a la movilización por los hechos de Iguala
(Proceso 1981).
Según
ese informe, “resulta preocupante la presencia y reactivación de organizaciones
subversivas en este movimiento, ya que en caso de que no sean satisfechas sus
demandas podrían radicalizar sus acciones, incluso con atentados en contra de
instalaciones vitales”.
Y
agrega que dirigentes sociales y sindicales “se han ido apropiando de la
dirección de este movimiento”. Entre ellos identificó a liderazgos del EPR y
del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), así como la
participación del Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomos,
al que pertenece el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG.
Semana
y media después de ese reporte y en medio de una creciente radicalización del
movimiento, como la quema del palacio de Gobierno y de la presidencia municipal
de Iguala, Salvador Rogelio Ortega Martínez fue declarado gobernador interino
de Guerrero por el Congreso local, el 26 de octubre, tras la licencia
solicitada por el expriista y perredista Ángel Aguirre Rivero.
Ortega
Martínez, de 59 años, era hasta la semana antepasada secretario general de la
UAG y dependía políticamente del rector de la universidad, Javier Saldaña
Almazán. Secretario de Educación en el gobierno perredista de Zeferino
Torreblanca, el ahora gobernador interino hizo su carrera política en esa
universidad al lado de Armando Chavarría Barrera, el diputado perredista
asesinado en agosto de 2009.
Con
la muerte de Chavarría, quien había sido secretario de Gobierno en la gestión
de Torreblanca y era el presidente del Congreso al momento de su
asesinato, Ortega Martínez fue
desplazado en su tercer intento por llegar a la rectoría de la UAG, aunque fue
designado secretario general por el rector Saldaña.
Junto
con Chavarría, Ortega fue en los años ochenta dirigente de la Federación de
Estudiantes de Guerrero y perteneció a la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria (ACNR), luego de la experiencia guerrillera de esa organización
en los años sesenta con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Por
la interacción que ha tenido con las organizaciones estudiantiles y los
movimientos de base, tanto como funcionario universitario como gubernamental,
tiene el perfil que se necesita para tender puentes con los grupos radicales,
dice a Proceso un funcionario del gobierno de Peña Nieto involucrado en las
negociaciones para la designación del gobernador interino.
El
nombramiento que Ortega hizo del dirigente del movimiento estudiantil de 1968,
Salvador Martínez della Rocca, como secretario de Educación del estado tiene la
misma lógica. Lo que el gobierno federal pretende es desactivar a los grupos
radicales, añade.
Apenas
en 2009, el ahora gobernador interino fue incluido en la ampliación de una
denuncia de hechos por su supuesta colaboración con la guerrilla de las FARC
para realizar secuestros en México y financiar al grupo guerrillero más antiguo
de América Latina. Contrario a la acusación, en el gobierno federal se asegura
que los vínculos de Ortega con las FARC “no fueron tan profundos”.
Antiguo
vínculos
La
denuncia contra Salvador Rogelio Ortega fue presentada ante la Procuraduría
General de la República por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, y Guillermo Velasco Arzac,
presidente de Mejor Sociedad mejor Gobierno, en marzo de 2009, un año después
de que se conociera que estudiantes mexicanos estaban en un campamento de la
FARC, en territorio de Ecuador, durante un ataque del Ejército colombiano.
En
la Operación Fénix, registrada en la provincia de Sucumbíos, en la frontera de
Ecuador con Colombia, murió “el canciller” de las FARC: Luis Édgar Devia Silva,
el Comandante Raúl Reyes, quien había mantenido durante seis años una presencia
de esa organización guerrillera en México.
Sus
representantes eran Luis Alberto Albán Burbano, Marco León Calarcá, y Liliana
López Palacios, Olga Marín, hasta que fueron expulsados al inicio del gobierno
de Vicente Fox. Marín es hija de quien fuera el máximo jefe de las FARC, Pedro
Antonio Marín Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo.
Un
año después, el periódico El Tiempo de Bogotá publicó que las tres computadoras
de Reyes aseguradas por los militares colombianos contenían información sobre
las relaciones de los representantes de las FARC en México con un hombre identificado
como Rogelio de la UAG, con el propósito de financiarse a través de secuestros
y del propio presupuesto de la universidad.
Un
correo electrónico de Calarcá y Marín dirigido a Reyes el 22 de enero de 2002,
tres meses antes de que fueran expulsados de México, da cuenta de
conversaciones con Ortega y con el entonces rector de la UAG, Florentino Cruz
Ramírez, quien fue secretario general de Gobierno del gobernador con licencia
Ángel Aguirre. Esa supuesta relación salió a flote en mayo del año pasado, lo
que obligó a Aguirre a salir en defensa de su operador político.
El
correo, que fue incluido en la demanda presentada en la PGR, dice textual: “El
sábado viajamos a Acapulco para entrevistarnos con los amigos de la U. de
Guerrero y retomar las cosas pendientes… Es bueno que sepan que en razón de la
elección para rector, que es en marzo, los amigos se han dividido, de un lado
está el rector actual Florentino que tiene un candidato y el asesor de los
coordinadores, Rogelio, que aspira con un grupo importante que lo respalda”.
Intercambio
de correos
Calarcá
y Marín detallaron las conversaciones que tuvieron por separado con ambos, que
“por ahora no se hablan”. Reportaron que con Florentino Cruz acordaron
financiamientos editoriales, de boletos de avión, estadías y visas para otros
miembros de las FARC.
Del
encuentro con “Rogelio”, escribieron: “Además de plantearnos que de ganar la
rectoría tendríamos más apoyo, lo importante fue que nos planteó el siguiente
negocio. Un grupo que trabaja con él y que viene de luchas anteriores, como
forma de finanzas hicieron una retención hace tres meses, están negociando,
ellos piden 20 millones de dólares y ya les están ofreciendo cuatro y medio,
dice que pronto estarán llegando a 10 y que seguramente ahí se cerrará el
trato.
“Esto
nos contó para plantearnos un préstamo de 40 mil dólares, ofrecen pagar el
doble y algo de solidaridad en efectivo, por un lado lo respaldan con el toro y
por otro con lo de la rectoría de la universidad, donde tendrán de ganar acceso
a un presupuesto grande y sin muchos controles.
“Le
dijimos que era difícil lo del préstamo, que teníamos que consultar, que no
teníamos esa cantidad de dinero y que para no ir y venir con razones porque
(sic) no mirábamos si podían garantizar el préstamo con una hipoteca o con los
documentos de unos carros, a lo que contestó que por eso no había problema.
También les planteamos que debían pagar unos tres pasajes internacionales para
traer la plata, a lo que tampoco vio problema.”
Al
día siguiente, el 23 de enero, los representantes de las FARC enviaron otro
correo que también aparece en la denuncia:
“Tentadora
la oferta de los de la Universidad de Guerrero y las demás posibilidades
ofrecidas por ellos para el trabajo de la comisión. De hacer el préstamo estamos
en la obligación de asegurarnos de hecho y no sólo de palabra porque no es
cualquier cantidad de recursos.
“Se
puede empezar para concretar la
seguridad del préstamos sin otro compromiso por ahora, mientras hacemos
consultas con toda la dirección, teniendo en que también falta la opinión de
Ricardo”. Según los denunciantes, Ricardo o Rodrigo Granda es Ricardo González,
encargado de las relaciones internacionales de las FARC.
En
un correo posterior, en marzo del 2003, atribuido a Ricardo, Calarcá y Marín,
entregado también a la PGR, mencionan que en sus planes para ese año estaba la
idea de “trabajar con unos amigos mexicanos, se acuerda de los del préstamo,
pues con esos. La parte que nos correspondería es la negociación y cambiar el
dinero que pague”.
La
demanda señala que el ganador de la rectoría de la UAG fue Nelson Valle, el
candidato de Florentino Cruz, quien había sido rector entre 1999 y 2002.
Asegura también que Rogelio “no puede ser otro que Rogelio Ortega Martínez”.
Recuerda
que Ortega se proclamó “rector moral” luego de que le tomara protesta Pablo
Sandoval Cruz, quien era el padre del exdiputado federal de PRD Cuauhtémoc
Sandoval Ramírez, fallecido en 2012 y quien también apareció mencionado en las
comunicaciones de Raúl Reyes.
La
denuncia de Ortega Sánchez y Velasco Arzac menciona que el secuestro que
aludieron los representantes de las FARC podía ser el de Luis Ávila Marbán,
padre del diputado local del PRI, José Luis Ávila López, que había sido
secuestrado el 17 de octubre de 2001 en Huitzuco, Guerrero, en una fecha que
coincide con lo mencionado en la comunicación con Raúl Reyes.
Agrega
que en septiembre de 2003, el periódico Reforma informó que habían sido
detenidos los secuestradores de Ávila Marbán. Reportó que eran buscados desde 1998
y que operaban en Guerrero, Puebla y Morelos en coordinación con el ERPI.
Según
la denuncia, “Ortega Martínez está implicado directamente en cuando menos un
secuestro… (y) parece ocupar una posición dirigente en una organización
terrorista y podría estar implicado en más secuestros en México en los que
habría habido participación de las FARC”. La denuncia se archivó en la PGR
desde el gobierno de Calderón.
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